CIUDAD DE MÉXICO.- La tensión política escaló drásticamente este martes. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), junto a sus legisladores, formalizó una ofensiva contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El primer paso fue la entrega de una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados.
Objetivo claro: destitución del gobernador
La acción emprendida por la bancada panista no es simbólica; busca consecuencias contundentes. El documento presentado ayer ante las autoridades legislativas tiene como meta final lograr la destitución de Rocha Moya de su cargo como mandatario estatal. Además, la solicitud incluye la petición de inhabilitarlo, lo que le impediría ocupar cualquier otro puesto público en el futuro, un golpe crítico para su carrera política.
Siguiente paso: desaparición de poderes en Sinaloa
Pero la estrategia del PAN no se detiene ahí. Los líderes del partido anunciaron que la presión aumentará en las próximas horas. Confirmaron que este miércoles llevarán su caso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En esta instancia, solicitarán formalmente la desaparición de poderes en Sinaloa, una medida constitucional extrema que se reserva para casos donde se considera que el orden institucional se ha roto por completo en una entidad federativa.
Una batalla en dos frentes legislativos
Esta doble jugada política del PAN se desarrollará en dos escenarios clave del poder legislativo. Mientras la solicitud de juicio político seguirá su propio curso en la Cámara de Diputados, la petición para desaparecer los poderes se debatirá en la Comisión Permanente. Ambas acciones requieren de complejos procesos y mayorías calificadas, lo que anticipa un intenso debate y negociación entre las fuerzas políticas en los próximos días.
Por ahora, la pelota está en la cancha del Congreso. La solicitud de juicio político ya fue recibida y se espera que la petición sobre la desaparición de poderes se presente formalmente mañana. El futuro político de Rubén Rocha Moya y la estabilidad en Sinaloa dependen ahora de las decisiones que tomen los legisladores federales en respuesta a esta contundente ofensiva de la oposición.
