CIUDAD DE MÉXICO.- La tensión política escaló a un nuevo nivel esta semana en la capital del país. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acompañada por sus bancadas legislativas, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud formal de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
Buscan Destitución e Inhabilitación Total
La ofensiva legal del partido blanquiazul es clara y directa. El documento entregado no busca una simple sanción, sino que tiene como objetivo final conseguir la destitución inmediata de Rocha Moya de su cargo como mandatario estatal, lo que representaría un duro golpe para su administración y su partido, Morena.
Pero la petición va más allá. El PAN también exige que, una vez separado del cargo, el gobernador sea inhabilitado de forma permanente para ocupar cualquier otro puesto de elección popular o función pública en el futuro, cerrando así su carrera política por la vía legal.
La Batalla se Extiende al Congreso
Esta acción no es un esfuerzo aislado. La solicitud cuenta con el respaldo total de los grupos parlamentarios del PAN tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Este frente común legislativo busca ejercer la máxima presión para que el proceso en contra del mandatario sinaloense avance.
El siguiente paso en esta confrontación ya fue anunciado y promete generar aún más polémica. Los líderes panistas adelantaron que este miércoles presentarán una segunda solicitud, esta vez ante la Comisión Permanente, para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa.
Una Medida Extrema sobre la Mesa
La desaparición de poderes es considerada una de las medidas más críticas y extraordinarias dentro del sistema federal mexicano. Implica que el gobierno federal intervenga directamente en la entidad ante una presunta ruptura del orden constitucional, lo que eleva significativamente la magnitud del conflicto político.
Con la solicitud de juicio político ya en manos de los legisladores y la inminente petición para desaparecer los poderes estatales, el futuro político de Sinaloa y de su gobernador entra en una fase de incertidumbre crítica, a la espera de las deliberaciones y los acuerdos que se tomen en el Congreso de la Unión.
