Un juez de control determinó el inicio del proceso penal y dictó prisión preventiva contra Roxana N. por el fallecimiento de su hijo Vicente tras permanecer encerrado en un vehículo.
Durante la audiencia de vinculación, el juzgador ratificó la acusación por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual, tras considerar suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público. La defensa de la imputada argumentó que la mujer padece problemas de salud mental y que al momento de su detención se encontraba bajo los efectos de medicamentos controlados. No obstante, la autoridad judicial subrayó que la señalada se desempeñaba como coordinadora de Guarderías del IMSS y líder sindical, lo que implicaba un conocimiento pleno sobre los protocolos de seguridad y los riesgos mortales de dejar a un menor sin supervisión en un automóvil.
El caso ha generado una movilización civil encabezada por Juan Carlos Meza, padre del menor, quien busca impulsar una reforma legislativa denominada «Ley Vicente» para endurecer los requisitos en los juicios de custodia. Esta propuesta surge a raíz de la disputa legal que mantenían ambos padres por la guarda del niño, señalando que la entrega del menor a la madre se realizó sin evaluaciones psicológicas profundas por parte del Poder Judicial local. Asimismo, el padre de la víctima denunció públicamente haber recibido amenazas e actos de intimidación por parte de familiares de la ahora detenida desde que inició el proceso legal.
La fiscalía estatal continuará con las investigaciones complementarias bajo la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar el desarrollo del juicio. Las autoridades judiciales fijaron un plazo para el cierre de la investigación, periodo en el cual se analizarán las pruebas de entorno social y los peritajes de salud mental solicitados por las partes involucradas.
