El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que el Departamento de Justicia prepara nuevas investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico. Tras la reciente acusación formal contra diez figuras públicas, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Blanche aseguró que la cooperación de líderes criminales detenidos en territorio estadounidense será clave para futuras imputaciones.
En entrevista con la cadena News Nation, el funcionario explicó que la presencia de figuras como Ismael «El Mayo» Zambada y los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán en prisiones federales facilita la obtención de testimonios que derivan en acusaciones adicionales. Blanche subrayó que el objetivo de Washington es eliminar la sensación de impunidad que permitía a líderes de cárteles y políticos corruptos sentirse protegidos en sus regiones, enfatizando que ahora existe un riesgo real de ser extraditados y juzgados en ciudades como Chicago, Nueva York o San Diego.
A pesar de la contundencia de sus declaraciones, el fiscal interino calificó la relación actual con el gobierno de México como «muy positiva» y basada en una cooperación estratégica en temas migratorios y de seguridad. Afirmó que el liderazgo mexicano comparte el interés por detener el flujo de drogas, aunque reconoció que el éxito de los juicios no siempre está garantizado al cien por ciento. No obstante, reiteró que la administración estadounidense ha redoblado sus esfuerzos junto con agencias federales y otros países de Sudamérica para desarticular las redes de protección institucional de los grupos criminales.
Finalmente, al ser cuestionado sobre la posible intervención de tropas estadounidenses en suelo mexicano para combatir a los cárteles, Blanche se mostró cauteloso. Indicó que dicha medida no es una competencia del Departamento de Justicia, sino una decisión que recae directamente en el presidente Donald Trump. Por el momento, la estrategia se mantendrá enfocada en el fortalecimiento de los procesos legales y la persecución de servidores públicos involucrados en delitos de tráfico de drogas y posesión de armas.
