La compañía canadiense Orla Mining anunció el relevo de Rafael Sánchez como director general de la mina Camino Rojo en Zacatecas, tras ser señalada por el panel del T-MEC de colaborar con grupos del crimen organizado para amedrentar a sus trabajadores. La trasnacional reconoció la gravedad de las conclusiones que vinculan a la administración local con el uso de amenazas para vulnerar la libertad sindical de los empleados.
La resolución, emitida bajo el mecanismo de respuesta rápida del tratado comercial, determinó que en 2024 la empresa se asoció con presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa para impedir la libre asociación y la negociación colectiva. Ante estos hallazgos, la sede de la compañía en Vancouver notificó la implementación de medidas correctivas para salvaguardar los derechos laborales en su concesión de Mazapil, la cual abarca más de 138 mil hectáreas. El presidente de Orla Mining, Jason Simpson, afirmó que la salida del directivo busca fortalecer la seguridad operativa y garantizar la neutralidad en asuntos gremiales de ahora en adelante.
Además de los cambios administrativos, la empresa reveló que una auditoría externa detectó evidencias de actividades delictivas dentro del complejo minero. Debido a la magnitud de los hallazgos, la compañía ha compartido sus conclusiones con la Fiscalía General de la República en México, así como con autoridades de justicia en Canadá y Estados Unidos. Estas acciones forman parte de un plan de remediación coordinado con el gobierno mexicano para asegurar que los protocolos internos cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y transparencia operativa.
El caso de Camino Rojo representa un precedente relevante en el uso de los paneles laborales del T-MEC para sancionar la colusión entre empresas y la delincuencia organizada en detrimento de los trabajadores. Mientras continúa la investigación oficial por parte de la Oficina del Fiscal General, Orla Mining aseguró que mantendrá una colaboración constructiva con las autoridades para erradicar cualquier práctica de coacción en sus instalaciones de San Tiburcio y recuperar la estabilidad operativa bajo un marco de estricta legalidad.
