Sancionan a exfuncionarios de Segalmex

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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción económica de 261 millones de pesos e inhabilitó por 10 años a tres antiguos mandos de Seguridad Alimentaria Mexicana. Los señalados fueron encontrados responsables de autorizar pagos millonarios por granos básicos cuya entrega nunca fue registrada oficialmente.

La resolución emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves involucra directamente a René Gavira Segreste, exdirector del organismo, así como a los exgerentes Oliverio Pérez Santoyo y Miguel Carrillo Villarreal. Los magistrados determinaron que los exservidores públicos incurrieron en abuso de funciones al avalar contratos de adquisición sin contar con la documentación que acreditara la recepción de los cargamentos. Esta acción generó un daño patrimonial directo que los sancionados deberán cubrir de manera conjunta como parte de la reparación económica exigida por la autoridad.

Este fallo administrativo se suma a las investigaciones en curso por el desfalco masivo dentro de la institución, el cual ha sido documentado por la Auditoría Superior de la Federación. En particular, Gavira Segreste enfrenta procesos penales adicionales relacionados con una red de contratos irregulares que operó durante el periodo 2018-2020. Las indagatorias federales sugieren que el monto total de las irregularidades en el organismo supera los 12 mil 500 millones de pesos, lo que ha convertido a este caso en uno de los mayores expedientes de corrupción administrativa en años recientes.

La inhabilitación de diez años impedirá que los involucrados desempeñen cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público durante dicho periodo. Con esta sentencia, el tribunal busca sentar un precedente sobre la vigilancia en el ejercicio de los recursos destinados a programas de garantía y estímulos alimentarios. Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con la integración de otros expedientes vinculados a la misma estructura operativa para determinar si existen más funcionarios o empresas externas implicadas en la simulación de entregas de productos.

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