CIUDAD DE MÉXICO.- El partido Movimiento Ciudadano (MC) ha cimbrado el escenario político nacional al solicitar formalmente el desafuero del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La petición, presentada por el coordinador de la bancada, Jorge Álvarez Máynez, también incluye a la diputada federal Yadira Santiago Marcos y al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que respondan ante la justicia por serias acusaciones de narcotráfico provenientes del gobierno de Estados Unidos.
Acusaciones desde Estados Unidos
La explosiva solicitud de MC se fundamenta en un reporte de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según lo expuesto por Álvarez Máynez, dicho informe señala directamente a los funcionarios de haber presuntamente recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo. La acusación es un golpe directo a la clase política del estado.
El camino del desafuero
El proceso legal ya está formalmente en marcha. La petición fue entregada directamente a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en San Lázaro, que es el órgano legislativo encargado de analizar y dictaminar si existen elementos suficientes para proceder. Si se aprueba, se les retiraría la inmunidad procesal a los funcionarios para que puedan ser investigados y, en su caso, procesados por las autoridades correspondientes sin ningún fuero que los proteja.
«No es un tema político, es de justicia»
Jorge Álvarez Máynez fue enfático al afirmar que esta acción no tiene tintes políticos ni es un ataque partidista, sino que busca hacer valer la justicia y combatir la impunidad. ‘No podemos permitir la impunidad frente a señalamientos tan graves’, declaró el legislador, subrayando la criticidad de que un gobierno extranjero acuse a altos funcionarios mexicanos de colaborar activamente con el crimen organizado.
Ahora, la atención se centra por completo en la Cámara de Diputados, que deberá procesar la solicitud y decidir el futuro legal de los tres funcionarios señalados en medio de una fuerte polémica. Este caso pone a prueba no solo a los legisladores, sino a las instituciones mexicanas frente a acusaciones de alto calibre que amenazan con destapar presuntos lazos entre la política y el narcotráfico a los más altos niveles.
