Marcos Pérez Esquer
El martes pasado se aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Esta legislación abroga la ley de 1992 para adaptar el marco jurídico a la realidad del siglo XXI. En principio, el espíritu de la norma es loable: reconoce al cine no solo como un producto comercial, sino como un vehículo de expresión artística y un derecho humano fundamental. Este es el lado blanco de la reforma, son sus luces, por decirlo así. Sin embargo, queda claro que la buena voluntad no basta para compensar las carencias en diseño legal y visión industrial que la ley arrastra. Y esto es lo que constituye su parte negra, sus sombras.
Por un lado, insisto, es innegable que la ley presenta avances significativos. El más relevante es la ampliación del concepto de «obra cinematográfica» al de «obra audiovisual», integrando formalmente a las series, documentales y contenidos para plataformas digitales. Este cambio reconoce que el consumo actual es multiplataforma y que el Estado debe proteger la creación en todos sus formatos. Es pues, una ley para la era digital.
Asimismo, la inclusión de criterios de accesibilidad -como el subtitulaje audiodescriptivo para personas con discapacidad- y el fortalecimiento de la cuota de pantalla de contenido nacional en salas de cine (ampliando de 7 a 14 días el mínimo de exhibición, así como los horarios de exhibición para evitar la «sala fantasma») son pasos en la dirección correcta para garantizar que el cine mexicano efectivamente llegue a su público.
No obstante, la primera gran sombra aparece en el artículo 26, que exige a las plataformas digitales (streaming) ofrecer una sección “relevante” para obras nacionales. Aunque el objetivo es visibilizar el talento nacional, el instrumento es jurídicamente frágil. A diferencia de las salas de cine, donde el T-MEC contempla una reserva del 10%, el entorno digital no está protegido por dicha excepción en el tratado, por lo que la medida podría violentarlo.
Esto implica legislar en una zona gris. El Capítulo 19 del T-MEC (Comercio Digital) prohíbe medidas discriminatorias contra productos extranjeros. Al intentar imponer estas cuotas, México se arriesga a paneles arbitrales y sanciones internacionales. Si bien se podría argumentar una «excepción cultural» ante la UNESCO, Estados Unidos no es parte de dicha convención, lo que deja a nuestras políticas culturales sobre bases sumamente inestables.
Quizás el aspecto más preocupante es el desmantelamiento del modelo dual de fomento; el olvido pues, de la industria comercial. Históricamente, México contaba con dos brazos financieros: el FOPROCINE, destinado al cine de autor y experimental, y el FIDECINE, enfocado en proyectos con vocación industrial y comercial que generaban empleos y retorno económico.
La nueva ley privilegia el subsidio directo a través del FOCINE, el cual funciona como un apoyo a fondo perdido dirigido al cine de vocación cultural, pero se desentiende de la obra con vocación de taquilla. Al eliminar los esquemas de capital de riesgo, donde el Estado participaba como socio y recuperaba inversión, se debilita la sostenibilidad financiera del sector. Estamos pasando de un modelo de inversión a uno de asistencia, lo cual, paradójicamente, podría lacerar la competitividad del cine nacional frente a las grandes producciones extranjeras.
Tampoco podemos ignorar las señales de alerta sobre la transparencia. La ley omite criterios claros para la asignación de recursos, delegando casi todo a convocatorias y decisiones administrativas. En un contexto donde la opacidad en el manejo de programas públicos ha sido una constante, dejar el fomento cinematográfico a la discrecionalidad es un riesgo que no deberíamos soslayar.
Además, la imposición de obligaciones a gobiernos locales para coadyuvar en el fomento podría enfrentar retos de constitucionalidad, ya que una ley federal no puede distribuir competencias de esa manera sin una habilitación constitucional previa para ser ley «general».
La Ley Federal de Cine y el Audiovisual es pues, una pieza legislativa de contrastes. Blancos y negros. Luces y sombras. El reconocimiento de los derechos culturales y la adaptación a la era digital son de celebrarse. Sin embargo, la incertidumbre jurídica internacional y el abandono de la visión industrial comercial son errores de diseño que podrían condenar a nuestra cinematografía a la irrelevancia económica. México merece una ley que no solo proteja el arte, sino que también potencie una industria sólida, transparente y capaz de competir en el mundo.
