SANTIAGO DE CHILE.- En una acción que ha desatado una fuerte polémica, el gobierno de Chile concretó esta semana el primer vuelo de deportación masiva del año. Un total de 65 personas migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana y colombiana, fueron expulsadas del país en el marco de una nueva y más estricta política migratoria.
Un Plan de «Mano Dura»
El operativo, que partió desde la capital, Santiago, representa la primera ejecución del «Plan de Normalización y Expulsión» anunciado por las autoridades. La medida fue coordinada por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI), desplegando un notable contingente de seguridad en el aeropuerto.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la acción como una señal contundente para controlar la migración irregular y fortalecer la seguridad nacional. El gobierno busca enviar un mensaje de «cero tolerancia» a quienes ingresen o permanezcan en el país al margen de la ley.
Alerta de Organizaciones Humanitarias
La respuesta no se hizo esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como una solución «dramática e inhumana», levantando una alerta sobre las consecuencias para las personas afectadas. La principal preocupación se centra en la vulnerabilidad de los expulsados.
Activistas y defensores de los derechos de los migrantes han puesto en duda que se haya garantizado el debido proceso para todos los deportados. Cuestionan si cada individuo tuvo la oportunidad real de una defensa legal antes de ser incluido en la lista de expulsión.
Perfiles Diversos en el Vuelo
Fuentes oficiales detallaron que entre los 65 deportados se encontraban personas con antecedentes penales, cumpliendo así con uno de los objetivos de seguridad del plan. Sin embargo, también se confirmó que una parte importante del grupo fue expulsada por faltas administrativas.
Entre estas faltas se incluye el haber ingresado a territorio chileno por pasos no habilitados, una situación común para miles de personas que buscan refugio o mejores condiciones de vida. Esta mezcla de perfiles ha intensificado el debate sobre la justicia y proporcionalidad de la medida.
Pese a las críticas, el gobierno de Gabriel Boric se mantiene firme en su postura. La ministra Tohá aseguró que todos los procedimientos se apegaron a la legalidad vigente y adelantó que estos vuelos de deportación continuarán de manera periódica, consolidando un giro crítico en la gestión migratoria de Chile.
