El Senado de la República inició el debate del «Plan B» de la Reforma Electoral, donde el Partido del Trabajo anunció que, aunque apoya la iniciativa en lo general, votará en contra de los cambios al artículo 35 constitucional que permitirían a la titular del Ejecutivo promover el voto a su favor.
La discusión en el pleno arrancó con la necesidad de Morena de consolidar una mayoría calificada, objetivo que se vio complicado tras la postura de Alberto Anaya, líder del PT. El legislador fue enfático al señalar que su bancada se separará de la propuesta que busca facultar a la presidenta para realizar giras y pedir el voto abiertamente durante el proceso de revocación de mandato en su tercer o cuarto año de gobierno. Por su parte, la oposición, encabezada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como un intento de concentración de poder y una estrategia para «poner un bozal» a los partidos opositores mientras se permite el uso del aparato estatal para fines electorales.
El paquete de reformas enviado por la presidenta Sheinbaum contempla puntos polémicos, como la reducción de la veda electoral a solo 60 días y el derecho explícito de la persona gobernante a difundir el proceso. Sin embargo, también incluye medidas de austeridad y control político, tales como el tope presupuestario a los congresos estatales (no mayor al 0.7% del presupuesto estatal), la prohibición de reelección para diputados locales y un freno estricto al nepotismo, impidiendo que familiares directos o cónyuges de funcionarios actuales se postulen a cargos municipales o legislativos de manera inmediata.
Hacia el cierre de la sesión, el debate se centró en los recortes financieros a los órganos electorales y al propio Senado. La propuesta plantea eliminar seguros de gastos médicos privados y pensiones especiales para consejeros del INE y magistrados, además de un ajuste progresivo al presupuesto de la Cámara Alta para lograr una reducción del 15% hacia el final del proceso. Con la negativa del PT a respaldar el artículo clave sobre la campaña presidencial, el futuro de la reforma constitucional pende de las negociaciones que Morena logre establecer para no perder la pieza central de la estrategia política de la mandataria para 2027.
