Marcos Pérez Esquer
Entre los varios aspectos nocivos del llamado Plan B de reforma electoral destaca la intención de modificar la fecha de la revocación de mandato presidencial para que pueda celebrarse en el tercer año del sexenio, abriendo así la posibilidad de hacerla coincidir con la elección intermedia. El asunto pretende venderse como una medida de eficiencia: menos costos, más participación, menos jornadas electorales dispersas. Pero en mi experiencia, siempre conviene desconfiar de las reformas que se presentan como un ahorro, pero que en realidad alteran las reglas del poder. En este caso, el propósito de fondo parece bastante claro: poner a la presidenta en la boleta. Si deveras quisieran ahorrar, no habría revocación, nadie la está pidiendo.
Hoy la Constitución prevé que, en el ánimo de no contaminar los procesos, la revocación no coincida con otras jornadas electorales. La iniciativa rompe ese candado de seguridad, y además permite que Sheinbaum difunda el proceso y promueva el voto a su favor. Es decir, no sólo busca empatar la revocación con la elección intermedia, sino autorizar a la presidenta a participar activamente en la contienda. La consecuencia práctica es obvia: la presidenta podría intervenir de facto en la campaña, defender su continuidad y, al hacerlo, arrastrar electoralmente a su partido y a sus candidaturas.
Eso desnaturaliza por completo la figura de la revocación de mandato. Este mecanismo fue concebido, al menos en teoría, como una herramienta ciudadana de control democrático frente al poder. No como una ratificación plebiscitaria, no como un acto de propaganda gubernamental, y menos aún como un instrumento para reforzar electoralmente al partido en el gobierno. Al empatar la revocación con la elección, y permitir a la mandataria promover el voto a su favor, la revocación ya no será un control del poder sino una operación de movilización desde el poder.
Además de lo anterior, habría que subrayar el problema logístico y político de sobrecargar una jornada ya de por sí compleja con una boleta adicional y con la inevitable polarización que generaría la defensa presidencial de su permanencia, todo lo cual se sumaría a la elección de la Cámara de Diputados, de la mitad del Poder Judicial Federal, de las elecciones locales y de las elecciones de poderes judiciales locales.
Pero aquí viene la ironía: lo que hoy puede parecer una maniobra ventajosa también podría convertirse en una trampa para la propia presidenta. Porque una cosa es aparecer en la boleta y otra muy distinta es controlar el efecto político del resultado. La revocación no se mediría sólo por si formalmente el mandato continúa o no; se mediría, sobre todo, por comparación con el respaldo que Sheinbaum recibió en 2024. Y esa comparación sería inevitable, despiadada y políticamente muy costosa.
Si la presidenta no fuera revocada, pero alcanzara una votación inferior a los 35.9 millones de votos que obtuvo en la elección presidencial de 2024, el saldo no sería una ratificación robusta, sino una pérdida neta de respaldo. Si además no se alcanzara el 40% de participación requerido para que el ejercicio sea vinculante, el mensaje sería todavía peor: ni siquiera la base que la llevó al poder habría estado dispuesta a salir a refrendarla. Si el resultado le fuera adverso, y la participación no alcanzara el umbral, el desgaste político sería monumental: seguiría en el poder a sabiendas de que no se le quiere ahí. Y claro, el peor de los escenarios sería que se alcanzara el 40% de la participación para que el proceso sea vinculante y en efecto se le revocara el mandato; digo que sería el peor de los escenarios porque sería la mayoría morenista en el Congreso la que nombraría al sucesor de Sheinbaum, y, ¿quién cree usted que podría ser? ¿Adán Augusto? ¿Noroña? ¿Batres? La reforma, pues, no sólo abre una ventana de intervención indebida en la elección; también expone a la presidenta a un juicio histórico anticipado.
En definitiva, empatar la revocación con la elección intermedia no sería un avance democrático, sino una adulteración de las reglas del juego. Buscaría convertir una herramienta de control ciudadano en una elección de Estado. Pero también podría producir el efecto inverso al buscado: el gobierno podría descubrir que el respaldo social no es eterno y que los votos no se conservan en formol.
La tentación del oficialismo consiste en pensar que poner a la presidenta en la boleta fortalecerá a Morena. Puede ser. Pero también podría llevarse la gran sorpresa: una de esas jugadas maestras que salen al revés. El tiro por la culata, pues.
