Hallan restos humanos y detienen a 4 por desaparición de mineros

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CONCORDIA, SINALOA – La búsqueda de los 10 trabajadores mineros (ingenieros y técnicos) desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026 entró en una fase crítica este viernes. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras operativos de inteligencia y campo en la zona serrana de Concordia, se localizaron cuerpos y restos humanos, uno de los cuales presenta características físicas compatibles con uno de los mineros reportados.

El hallazgo se dio en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la participación de la Marina (Semar), el Ejército (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Las autoridades ya realizan las pruebas periciales y de ADN pertinentes para confirmar la identidad de la víctima.

Como parte de la misma investigación, se confirmó la detención de cuatro sujetos presuntamente vinculados con la privación de la libertad de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver. Las líneas de investigación apuntan a:

  • Autoría material: Se investiga la participación de células locales del Cártel de Sinaloa, que mantienen una disputa por el control de la zona minera.
  • Modus Operandi: Los trabajadores habrían sido «levantados» en dos eventos simultáneos mientras se dirigían a sus labores.
  • Aseguramientos: Previo a este hallazgo, se habían desmantelado campamentos clandestinos y centros de monitoreo en la sierra de Concordia.

Los desaparecidos

Aunque inicialmente se reportaron 10 víctimas, colectivos de búsqueda indican que la cifra podría ser mayor. Entre los perfiles clave se encuentran:

  • Ingenieros y Geólogos: Personal especializado originario de Sonora, Chihuahua y Zacatecas.
  • Personal de Seguridad: Custodios encargados de la protección de los convoyes de la mina.

La FGR subrayó que el procesamiento del lugar del hallazgo continúa, mientras que el sector minero nacional ha exigido garantías de seguridad para operar en la región, tras la suspensión parcial de actividades por parte de la empresa afectada ante la violencia desatada.

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