El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua (TEJA) sancionó a Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, con una inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos. La sanción se impuso tras considerarse que Corral incurrió en la falta grave de enriquecimiento ilícito oculto durante su mandato, entre 2016 y 2021.
La denuncia inicial fue interpuesta en 2019 por el entonces diputado priista Omar Bazán Flores, quien acusó a Corral ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la compra de un terreno no declarado en sus informes patrimoniales. Este viernes, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Responsabilidades Administrativas del TEJA determinó que Corral incurrió en una grave omisión administrativa, y Bazán espera que la resolución quede firme sin que el exgobernador presente una apelación.
La resolución del tribunal contempla la inhabilitación temporal de Corral para ejercer cualquier cargo público y participar en procesos de adquisiciones o contrataciones en el sector gubernamental por un periodo de un año.
A pesar de la denuncia presentada en 2019, la SFP, encabezada entonces por Mónica Vargas Ruíz, no investigó el caso, por lo que Bazán presentó nuevamente la acusación en 2022. En julio pasado, la SFP de Chihuahua finalmente inició el procedimiento contra Corral por enriquecimiento ilícito oculto.
El origen de la sanción está vinculado a la omisión de Corral de declarar la compra de un inmueble, adquisición que se habría hecho a través de un remate judicial en 2019. Corral supuestamente disfrazó la compra como una ampliación de su patio, pero no incluyó la nueva propiedad en sus declaraciones patrimoniales.
El exgobernador decidió no acudir personalmente a la audiencia inicial del expediente EPRA 049/2021 en la SFP el pasado 23 de julio, y en su lugar envió una respuesta por escrito, conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La SFP concluyó su investigación y remitió el caso al tribunal administrativo, que resolvió la sanción final.
Esta decisión judicial marca un nuevo capítulo en la polémica que ha rodeado a Corral desde que dejó la gubernatura, y podría afectar sus futuras aspiraciones políticas.
