La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha lanzado una advertencia ante la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en respuesta a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta medida, de ser implementada, podría resultar en la liberación de hasta 68 mil presuntos delincuentes actualmente bajo este estado.
Te puede interesar: Prisión preventiva a ‘El Tomate’, señalado por balacera en Garibaldi en 2018
Alcalde destacó que esta decisión de la SCJN podría tener graves repercusiones para la seguridad y la paz del país, al exponer a la sociedad a individuos acusados de delitos como homicidio, secuestro, violación, narcotráfico y otros, quienes podrían representar un riesgo para la población y para la seguridad nacional.
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa también podría impactar negativamente en la carga de trabajo de las fiscalías y los juzgados, así como poner en peligro a testigos, víctimas y personal de seguridad involucrado en los casos.
La titular de la Segob enfatizó que ninguna entidad extranjera tiene la autoridad para dictar cambios en la Constitución mexicana, y que es responsabilidad de la SCJN defenderla y velar por su integridad.
Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que la SCJN está considerando la invalidez del Artículo 19 constitucional y ordenar a los jueces del país a no aplicar la prisión preventiva de oficio, basándose en la resolución de la CIDH emitida en enero de 2023. Alcalde hizo un llamado a la SCJN a considerar las implicaciones profundas de su decisión antes de tomar medidas que podrían comprometer la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana.
