Autoridades en la frontera norte de México han alertado sobre un creciente fenómeno donde al menos 8 mil migrantes al mes pagan sumas que pueden alcanzar los 40 mil dólares a coyotes, traficantes de personas, por un «paquete de amparos». Estos documentos prometen proteger a los migrantes de la deportación, permitiéndoles un libre tránsito por el territorio mexicano.
David Pérez Tejada, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, informó que durante el último trimestre de 2023, el número de personas que llegaron con estos amparos experimentó un aumento, con una tendencia mensual de al menos 8 mil amparados en promedio, equivalentes a unas 300 personas por día.
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Los amparos
Estos paquetes de amparos se promueven principalmente en estados como Tabasco, Veracruz y otras entidades del centro del país, donde los traficantes capturan a los migrantes ofreciéndoles un paquete «todo incluido». Este paquete les garantiza llegar a ciudades fronterizas como Tijuana, desde donde intentan cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.
Según Pérez Tejada, algunos migrantes ya traen consigo desde sus países de origen información detallada sobre cómo realizarán su travesía, incluyendo el vuelo desde su país de origen, las selvas que cruzarán y la promesa de cruzar la frontera de manera irregular, pero respaldados por un amparo.
Estos paquetes varían en costos, dependiendo de la situación y origen de los migrantes. Por ejemplo, los uzbekos pagan hasta 40 mil dólares, los chinos 20 mil, los centroamericanos 7 mil dólares y los ecuatorianos 10 mil.
Aunque cuentan con estos amparos, los migrantes no están exentos de procedimientos administrativos y retenciones si son interceptados por las autoridades, lo que complica la labor de las autoridades migratorias.
El fenómeno alcanzó su punto máximo en noviembre del año pasado, cuando el INM en Baja California registró 13,600 amparados, disminuyendo en enero de este año.
Nicole Ramos, directora de la organización Al Otro Lado en Tijuana, cuestionó la respuesta del delegado del INM, argumentando que incentivar el uso de la aplicación oficial estadounidense, CBP-One, para el cruce a Estados Unidos limita el acceso a solicitantes de asilo. Además, acusó a México de actuar como «perro guardián» del Gobierno de Estados Unidos, permitiendo la explotación por parte de abogados sin escrúpulos y el crimen organizado.
