Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud, el NHS (National Health Service), recurrió en aquella época a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y miembros de otros grupos con alto riesgo de infección.
Tras revelarse los resultados del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones civiles acusaron a México de no cumplir con las recomendaciones emitidas en la edición de 2018.