CIUDAD DE MEXICO.- En una decisión que ha generado controversia, el Instituto Nacional de Migración (INM) aplicó un significativo recorte al presupuesto destinado para la alimentación. Esta medida de austeridad afecta de manera directa a miles de personas, incluyendo tanto a migrantes extranjeros resguardados en centros de ayuda como a ciudadanos mexicanos que son repatriados a su propio país.
Un ajuste crítico a un servicio básico
La determinación del INM, la máxima autoridad federal en materia migratoria, se traduce en una notable disminución de los fondos disponibles para la compra de víveres y alimentos preparados. Este ajuste presupuestal impacta en el corazón de la atención humanitaria, poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado mexicano en los diversos centros de ayuda distribuidos por el territorio nacional.
Migrantes y connacionales, los más vulnerables
El alcance de este recorte es amplio y no hace distinción entre las poblaciones atendidas. Por un lado, afecta a las personas migrantes de diversas nacionalidades que son remitidas a estas instalaciones mientras las autoridades definen su estatus legal en México. Por otro lado, y de forma igualmente preocupante, golpea a los propios connacionales que, tras ser repatriados, buscan en estos centros un primer punto de apoyo para su difícil proceso de reintegración.
Riesgos humanitarios en el horizonte
La reducción del gasto en comida podría desencadenar serias consecuencias en el bienestar de las personas bajo custodia del Instituto. Una nutrición deficiente no solo compromete la salud física, sino que también agrava las condiciones de estrés, ansiedad e incertidumbre que ya enfrentan. Esta situación podría incrementar la tensión y los conflictos al interior de los centros de ayuda, complicando aún más su gestión.
El recorte presupuestario ya es una realidad dentro de la operación del Instituto Nacional de Migración, y su implementación se está llevando a cabo. Ahora, la atención se centra en observar los efectos concretos de esta política de austeridad en la vida diaria de los centros y en la respuesta que puedan articular las organizaciones de la sociedad civil, quienes históricamente han monitoreado de cerca las condiciones de la población migrante y repatriada en el país.
