La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado la apertura de una investigación contra 87 supervisores y capacitadores electorales por estar afiliados a partidos políticos.
En una sesión extraordinaria, el INE otorgó la medida cautelar presentada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), ya que los partidos involucrados en el caso exhibieron las cédulas o los expedientes electrónicos de las afiliaciones de los supervisores y capacitadores que los acreditan como sus militantes.
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Se ha ordenado impedir que continúen en el ejercicio del cargo hasta que se resuelva en definitiva el fondo de los asuntos, con el fin de garantizar los principios de imparcialidad e independencia que se deben tutelar en la integración de los órganos electorales.
Ordenan a los partidos políticos recabar una declaración de sus representantes de casilla
Además, el INE ha ordenado a los partidos políticos recabar una declaración firmada por sus representantes de casilla en la que garanticen que no son servidores de la nación o funcionarios vinculados con programas sociales. Este requisito es un complemento a los lineamientos aprobados por el INE en septiembre, que prohíben a los servidores de la nación atribuir a una persona en específico los programas sociales y participar como representantes de partido o funcionarios de casilla el día de la jornada electoral del 2 de junio.
Estos lineamientos establecen que durante el periodo de campañas, los operadores de los programas sociales, personas servidoras de la nación o cualquier persona relacionada con la entrega de programas sociales a beneficiarios deben conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.
Dichos funcionarios no podrán usar logos, emblemas, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, que generen confusión o identidad con un partido político, gobernante o con la imagen institucional del INE o de los organismos locales
