Este jueves marca un antes y un después para el sector de alojamiento temporal en Ciudad de México, con la entrada en vigor de una nueva regulación que busca poner orden en el creciente mercado de plataformas digitales de hospedaje como Airbnb y Booking. El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde a una iniciativa que introduce un padrón obligatorio para anfitriones, con el objetivo de atender diversas problemáticas urbanas y fiscales.
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La medida, propuesta originalmente por el ahora jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, fue publicada hoy en la Gaceta Oficial, tras su aprobación unánime el pasado 21 de marzo. Con ella, se busca regular de manera más efectiva el sector, enfrentando retos como la gentrificación, el incremento de las rentas, la seguridad y la competencia desleal.
Los anfitriones, tanto personas físicas como empresas, deberán registrarse en este padrón, que tendrá una vigencia de dos años y deberá renovarse 30 días antes de su expiración. Esta regulación obliga a los anfitriones a compartir información relevante sobre el uso y ocupación de sus propiedades, así como a cumplir con sus obligaciones fiscales.
En respuesta a la nueva normativa, Airbnb ha expresado su disposición a colaborar con el gobierno capitalino, destacando su experiencia en la creación de políticas públicas con más de 1,000 autoridades alrededor del mundo. La compañía enfatizó la importancia de establecer reglas claras que beneficien a todas las partes involucradas.
La regulación llega en un momento en que la capital enfrenta desafíos significativos debido al aumento de propiedades dedicadas al alojamiento temporal, lo cual ha contribuido al desplazamiento de residentes y al aumento del costo de vida en algunas zonas. Esta situación ha generado tensiones con el sector hotelero tradicional, que ve en estas plataformas una competencia desleal.
La introducción de esta regulación en CDMX sigue la tendencia de otras grandes ciudades del mundo que han buscado formas de integrar las plataformas digitales de hospedaje en sus marcos legales y fiscales, con el objetivo de equilibrar los beneficios y desafíos que estas representan para el tejido urbano y económico.
Con casi 10 millones de habitantes y un sector turístico que representa el 9.1% del PIB de la ciudad, las autoridades de la CDMX se enfrentan al reto de gestionar uno de sus recursos más valiosos asegurando un desarrollo sostenible y equitativo para todos los ciudadanos y visitantes.
