En una audiencia llevada a cabo en los juzgados federales de Acapulco, dos policías estatales de Guerrero han sido detenidos y se les ha dictado prisión preventiva. Están siendo acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio contra el normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, cuyo trágico fallecimiento tuvo lugar el pasado jueves.
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El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien ha estado proporcionando apoyo a la madre del estudiante, informó sobre el resultado de la audiencia, que tuvo lugar en los juzgados federales de Acapulco, donde se les ha dictado prisión preventiva a los policías involucrados.
Por otro lado, la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Gómez Valdovinos, ha anunciado su intención de defender su permanencia en el cargo, luego de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, iniciara el proceso para destituirla tras el trágico suceso. Esto ocurre después de una semana marcada por la destitución de la fiscal, así como las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, en respuesta a las demandas de la madre del estudiante y sus compañeros.
En su defensa, Gómez Valdovinos ha expresado que se sujetará a los procedimientos constitucionales y legales necesarios para su destitución, asegurando su derecho a una audiencia y una defensa adecuadas. Adelantó que comparecerá ante el Congreso del Estado para esclarecer las acciones emprendidas por la Fiscalía tras el asesinato de Yanqui Kothan, el cual está siendo investigado por el delito de homicidio calificado.
Mientras tanto, las autoridades continúan en la búsqueda del presunto autor material del crimen, identificado como el policía estatal David N. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, instó a este individuo a entregarse durante su conferencia matutina, después de que se fugara el pasado lunes. Esta situación ha desencadenado protestas en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde se registraron destrozos en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, así como la quema de vehículos y lesiones a agentes de la Guardia Nacional.
Este incidente ha avivado la polémica en torno al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, puesto que la resolución de este caso sigue siendo una demanda no resuelta por parte de la sociedad.