El Gobierno de la Ciudad de México ha presentado una iniciativa ante el Congreso local para reformar el Código Penal, estableciendo la corrupción inmobiliaria como un delito con penas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión.
Martí Batres, jefe de Gobierno, destacó que la propuesta tiene como objetivo adaptar el Código Penal a problemáticas actuales que demandan un tratamiento especializado.
La iniciativa busca crear un nuevo capítulo en el Código Penal, detallando el delito en el artículo 276. Según la propuesta, la corrupción inmobiliaria se configuraría cuando un servidor público, ya sea por acción, omisión o tolerancia, permita la construcción de pisos adicionales no autorizados.
Las sanciones no se limitarán al servidor público, abarcando también a familiares, empresarios y socios involucrados, independientemente de otras posibles conductas penales.
La penalización por las acciones descritas se situará entre 10 y 20 años de prisión, con la posibilidad de aumentar la pena en una mitad más en caso de obtener beneficios económicos. Esto aplicaría al propio servidor público, así como a su red de familiares y personas cercanas con vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa.
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Martí Batres explicó que la corrupción inmobiliaria se refiere a la práctica que permite a funcionarios públicos acumular riqueza a través de esquemas empresariales que les otorgan dinero y propiedades a cambio de emitir permisos ilegales de construcción. Resaltó los efectos negativos sociales y los riesgos de protección civil asociados con la construcción irregular de viviendas.
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Los tres objetivos principales de la iniciativa son disuadir la formación de organizaciones similares dentro de la administración pública, contar con instrumentos normativos eficaces contra la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, y contribuir penalmente a la transformación de la política inmobiliaria, estableciendo la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no sujeta a especulación financiera.
