Organismos han advertido sobre el incremento de violencia criminal contra menores en Chiapas, exigiendo al Gobierno de México reconocer la situación y aplicar medidas de protección. La Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (Redias) en Chiapas solicitó acciones inmediatas para proteger a más de 200 mil menores en el estado sureste del país.
En una conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, Redias reportó un aumento significativo de muertes y ataques directos contra menores. Entre el 13 de mayo y el 13 de junio de 2024, se registraron más de 13 muertes y siete heridos entre menores en las comunidades indígenas de Chiapas. Violeta Galicia, vocera de la Red, calificó este periodo como un mes sin precedentes debido a la brutalidad de los asesinatos.
Las organizaciones de la alianza señalaron que menores han sido víctimas de los conflictos entre grupos políticos y armados. “Hoy niñas, niños y adolescentes están enfrentando desapariciones, homicidios, reclutamiento por el crimen y desplazamientos”, destacó Óscar González, activista de Melelxojobal.
Expertos mencionaron que los daños colaterales afectan la salud física y psicológica de los menores, impactando especialmente en su educación primaria. Un caso alarmante ocurrió en Pantelhó, donde tres menores y dos adultos de la etnia tzotzil fueron asesinados, y tres niñas resultaron heridas.
Los activistas señalaron que la violencia se concentra en 30 municipios, incluyendo Acapetahua, Berriozábal, Chicomuselo, La Concordia, Oxchuc, Pantelhó, Rincón Chamula, San Fernando, Simojovel, San Cristóbal de Las Casas y Tila. Del 13 al 19 de mayo se reportaron cuatro asesinatos de adolescentes.
El 13 de mayo, un ataque armado en Nuevo Morelia, Chicomuselo, resultó en la muerte de una adolescente de 17 años y un joven de 15 años. El 16 de mayo, otro ataque en La Concordia dejó dos adolescentes muertos junto con seis personas más, y el 19 de mayo, una menor fue lesionada durante un atentado en Rincón Chamula.
Desde 2023, activistas y pobladores indígenas han denunciado un “ambiente de guerra” en la frontera sur de México debido a las pugnas del crimen organizado, que han causado desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos.
