Tras el paso devastador del huracán ‘Otis’ por las costas de Acapulco, un nuevo problema ambiental se cierne sobre este destino turístico mexicano. Los restos de embarcaciones encalladas en la bahía de Acapulco están provocando una emergencia ambiental debido al aceite y combustibles que continúan filtrándose y contaminando el entorno marino.
Desde Pie de la Cuesta hasta Puerto Márquez, la falta de acción para retirar los escombros de los barcos está generando una preocupación creciente. Embarcaciones de pesca, turísticas, yates de lujo e incluso petroleros esperan ser removidos, mientras los residuos de aceite y combustible se esparcen por la bahía, afectando tanto a buzos como a los cultivos de ostiones en el lecho marino.
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César Robles, un buzo local, advierte sobre el impacto directo en la industria pesquera, especialmente en los mariscos, como los ostiones, que están siendo contaminados por los vertidos de combustible. Comerciantes como Natividad Ramírez también expresan su preocupación por la supervivencia de las especies marinas, señalando la disminución de la actividad pesquera y la amenaza para el ecosistema marino.
Uno de los puntos críticos de esta crisis se encuentra en la Isla de la Roqueta, donde tres embarcaciones mayores, incluidos dos remolcadores de Petróleos Mexicanos y un barco mongol, continúan varados desde hace seis meses, sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas para su remoción.
Óscar Fausto Samayoa Dorantes, presidente de la Federación del Comité de Buzos y Pescadores de Acapulco, insta a una acción urgente de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como del sector de salud, para abordar esta crisis y evitar un mayor impacto económico y ambiental.
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Aunque las estimaciones exactas varían, se estima que alrededor de 800 embarcaciones quedaron sumergidas después del paso de ‘Otis’. A pesar de que la ley marítima establece un plazo de tres meses para retirar una embarcación hundida, han pasado seis meses sin una acción adecuada. La falta de reclamación de las embarcaciones y las complejidades legales han impedido su pronta remoción, dejando al ecosistema marino en grave peligro y a la comunidad local enfrentando incertidumbre sobre su futuro económico y ambiental.