El proceso electoral 2023-2024 se ha confirmado como el de mayor número de denuncias de presuntas infracciones, acumulando un total de 1,460 expedientes de quejas desde septiembre del año pasado hasta el mes en curso. La mayoría de estas denuncias han sido promovidas por partidos políticos. Sin embargo, la estrategia de los contendientes ha resultado parcialmente infructuosa, ya que más de la mitad de todos los procedimientos abiertos fueron desechados o sobreseídos.
A casi un mes de la contienda del 2 de junio, sólo 394 carpetas han sido remitidas a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De las restantes, 679 fueron desechadas, tres sobreseídas y 384 siguen en trámite o sustanciación. En este último apartado, hay 32 expedientes vivos relacionados con la elección presidencial, incluyendo 13 quejas contra Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, y 53 contra Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, y/o los partidos que la postularon.
Entre los 16 alegatos más comunes en los procedimientos se encuentran:
- Presuntos actos anticipados (382 expedientes).
- Vulneración al interés superior de las personas menores de edad (245).
- Uso indebido de la pauta (174).
- Calumnia (102).
Otros motivos de queja con menos de 100 expedientes cada uno incluyen violencia política en razón de género, adquisición y contratación de tiempos en radio y televisión (prohibido por la Constitución), vulneración de la veda electoral, incumplimiento de medidas cautelares, uso de símbolos religiosos, promoción personalizada y uso de recursos públicos.
Datos del informe del INE
Según el informe más reciente del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), desde el inicio del proceso electoral el 7 de septiembre pasado hasta el 23 de junio, se han clasificado las quejas en procedimientos ordinarios y especiales sancionadores (PES). Los primeros, sumando 379 en este periodo, están relacionados principalmente con afiliaciones indebidas por partidos políticos y presunta parcialidad de capacitadores y supervisores electorales. Los procedimientos especiales, promovidos tanto por partidos como por ciudadanos y el propio INE a través de investigaciones de oficio, han alcanzado un total de 1,069 en el mismo periodo.
El primer análisis de los casos está a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, mientras que la atención de las peticiones urgentes (medidas cautelares) corresponde a los consejeros. De septiembre a junio, la unidad recibió 1,277 peticiones de medidas cautelares, de las cuales solo el 36% fueron declaradas procedentes por la comisión de quejas y denuncias, criterio mayoritariamente confirmado por la sala superior del TEPJF.
Proceso de resolución
El contexto completo de las imputaciones de la elección de diputados y senadores será analizado por las salas regionales del Tribunal Electoral, mientras que la contienda presidencial será evaluada por la comisión especial encargada de elaborar el proyecto hacia la calificación de esta elección. Las impugnaciones deben ser resueltas a más tardar la primera quincena de agosto, y la declaración de validez de la elección presidencial tiene como fecha límite el 6 de septiembre.
