La ministra Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó la importancia de la atribución del Ministerio Público (MP) para solicitar información bancaria en la lucha contra delitos como el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Esta facultad, según Esquivel, es fundamental para recabar pruebas y acreditar la existencia de delitos.
En una sesión reciente del Pleno de la Suprema Corte, se analizó la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo permite al MP obtener información bancaria de los ciudadanos para investigar la posible comisión de delitos, lo cual ha sido cuestionado por supuestamente vulnerar el derecho a la privacidad.
Durante la votación, seis ministros se pronunciaron por eliminar este precepto del ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para una declaratoria general de inconstitucionalidad. La ministra Esquivel Mossa defendió la conservación de la norma, argumentando que esta atribución del MP persigue un fin constitucionalmente válido al favorecer la investigación de delitos.
Esquivel Mossa explicó que esta medida permite al MP reunir elementos probatorios esenciales para demostrar la comisión de delitos y atribuir responsabilidades. Además, destacó que el acceso a información bancaria es crucial para evitar que el secreto bancario impida la persecución de actividades ilícitas, facilitando la obtención de pruebas inmediatas y el aseguramiento de activos financieros o el bloqueo de cuentas cuando sea necesario.
La ministra enfatizó que esta facultad contribuye a alcanzar un fin legítimo, superando el impacto potencial en el derecho a la intimidad. Además, resaltó que el personal de las fiscalías está obligado a preservar la confidencialidad de los datos recibidos, garantizando así la protección de la privacidad de los ciudadanos.