La gobernadora de Baja California señaló a su antecesor de grabar una reunión privada bajo el pretexto de auxiliarla en la recuperación de su visa estadounidense. La mandataria estatal afirmó que los señalamientos de supuestos cargos judiciales en su contra carecen de sustento legal y representan un intento de desestabilización.
En conferencia de prensa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, calificó como una «trampa» la reciente filtración de grabaciones de audio en las que se le escucha dialogar sobre su situación migratoria y supuestos escenarios judiciales con presuntos agentes de Estados Unidos. La mandataria estatal señaló de manera directa a su predecesor en el cargo, Jaime Bonilla, como el artífice de dicho montaje. Según la versión de la funcionaria, los hechos se originaron en diciembre de 2025, cuando aceptó de buena fe un ofrecimiento de Bonilla para sostener un encuentro con intermediarios que supuestamente la ayudarían a gestionar la restitución de su visa, la cual había sido cancelada meses atrás por el gobierno estadounidense.
Durante el desarrollo de la reunión pactada, los supuestos enlaces norteamericanos plantearon a la gobernadora la existencia de presuntas investigaciones y un posible proceso de extradición en su contra, planteamientos que ella rechazó por carecer de fundamentos reales. Marina del Pilar detalló que, ante la gravedad y extrañeza de los cuestionamientos, solicitó a los interlocutores canalizar cualquier requerimiento formal a través de su representante legal, Michael Nadler. No obstante, la mandataria denunció que los presuntos agentes jamás buscaron establecer contacto con su abogado ni presentaron documentación alguna, limitándose a registrar el audio de la conversación privada con el objetivo de difundirlo posteriormente para perjudicar su administración.
Ante la posibilidad de que continúen publicándose fragmentos adicionales de dicha conversación, la gobernadora bajacaliforniana manifestó mantener la calma, argumentando que las acusaciones vertidas en los audios carecen de validez jurídica. Asimismo, reafirmó su compromiso de lealtad con el mandato constitucional y con los ciudadanos de la entidad federativa, asegurando que no permitirá que este conflicto de carácter político e institucional interfiera con la agenda de trabajo y las prioridades de su gobierno en el estado.
