Lenia Batres solicita atraer 19 amparos contra reforma a Ley Minera de AMLO

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, anunció este sábado que ha solicitado atraer 19 amparos interpuestos contra la reforma a la Ley Minera promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 8 de mayo.

Mediante un comunicado, la ministra explicó que su solicitud se basa en que los juzgados que concedieron los amparos “no analizaron el fondo del asunto”, limitándose a considerar “posibles violaciones al principio de deliberación democrática y al proceso legislativo”. Los juicios en cuestión fueron presentados en juzgados de distrito en Durango, Sonora, Morelos y Jalisco, y tras la concesión de los amparos, las autoridades involucradas promovieron recursos de revisión, los cuales la ministra Batres propone sean atraídos por la SCJN.

Batres destacó la necesidad de que la SCJN establezca un criterio sobre la redefinición estructural de las actividades mineras y el uso del agua bajo el nuevo régimen legal.

La reforma a la Ley Minera incluye varias modificaciones significativas, tales como la reducción del tiempo de las concesiones mineras de 50 a 30 años, con sólo una prórroga de 25 años, lo que obligará a las empresas a participar en nuevos concursos para renovar sus concesiones. Además, se establece que el gobierno otorgará concesiones mineras únicamente mediante concurso público y previa consulta a pueblos originarios, y facilita la revocación de licencias por daños al medioambiente.

La nueva legislación también regula el manejo de residuos mineros y metalúrgicos, prohibiendo su depósito en Áreas Naturales Protegidas, humedales y zonas federales de aguas nacionales.

En junio del año pasado, un grupo de diputados de oposición presentó dos acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la reforma. El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, afirmó en sus redes sociales que estas reformas fueron impugnadas tanto en forma como en fondo debido a irregularidades en el proceso legislativo.

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