El juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar provisionalmente a dos magistrados para las vacantes de la Sala Superior, con el objetivo de que el pleno pueda sesionar de manera completa y valida la elección presidencial. La orden fue emitida tras una suspensión promovida por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y debe cumplirse en un plazo de 24 horas desde el pasado viernes.
Rodrigo de la Peza, quien fue secretario de estudio y cuenta de la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, tomó esta decisión para garantizar que la Sala Superior esté completamente integrada con siete magistrados electorales, permitiendo así la resolución de impugnaciones en materia electoral de manera plena.
La magistrada presidenta Mónica Soto debe formular el procedimiento y la propuesta de dos magistrados electorales de las Salas Regionales, quienes deben cumplir con el requisito de mayor antigüedad o, en su defecto, de mayor edad, para someterlas a la decisión del pleno.
Sin embargo, las cinco magistraturas con mayor antigüedad han sido señaladas por sus cercanías políticas, dificultando el consenso. La magistrada María Silva Rojas y el magistrado Enrique Figueroa Ávila son considerados cercanos al PAN calderonista; Gabriela del Valle a Janine Otálora; Claudia Valle a Felipe de la Mata; y Alejandro Avante a Felipe Fuentes.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos solicitó la suspensión para que el Senado designe las vacantes, y para permitir que la Sala Superior declare la validez de la elección presidencial con cinco magistraturas en funciones. La primera petición fue rechazada, pero la segunda fue concedida, aunque el juez determinó que se deben designar dos magistrados provisionales para cumplir con el quórum mínimo de seis.
El juez advirtió que no cumplir con esta sentencia en 24 horas impondrá una multa individual a cada magistrado equivalente a 50 UMAS (poco más de cinco mil pesos) y recordó que el desacato puede constituir una conducta delictiva.
Ante el vencimiento del plazo este fin de semana, la magistrada Janine Otálora pidió a Mónica Soto informar sobre el cumplimiento de esta orden judicial, destacando la necesidad de tomar medidas pertinentes para la atención de la determinación judicial.
Hasta ahora, el pleno había evitado nombrar a la sexta magistratura necesaria, pero ahora deberán designar a dos personas a la brevedad para garantizar la validez de la elección presidencial.
