La Consejería Jurídica de la Presidencia exhibió la documentación enviada por Estados Unidos respecto a las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve servidores públicos.
El gobierno federal, por conducto de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó de manera oficial tres documentos oficiales vinculados con los requerimientos de detención provisional con fines de extradición emitidos por la justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. La difusión de estos materiales, efectuada durante la conferencia de prensa matutina por disposición del Poder Ejecutivo, responde al desahogo de diversas solicitudes ciudadanas en materia de acceso a la información pública. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que la documentación disponible ha quedado abierta al escrutinio, con excepción estricta de aquellas notas diplomáticas que forman parte medular de expedientes judiciales en curso y que mantienen un carácter reservado.
Las constancias integradas al expediente señalan que el pasado 28 de abril el gobierno norteamericano formalizó la solicitud de captura basada en una acusación radicada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se menciona a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázarez. Los señalamientos de las agencias estadounidenses refieren una presunta colaboración de las autoridades locales con la facción delictiva denominada «Los Chapitos» para facilitar el tráfico transfronterizo de sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas. Los oficios gubernamentales expuestos puntualizan explícitamente que los datos vertidos en la solicitud constituyen imputaciones iniciales de carácter judicial y de ninguna manera representan sentencias condenatorias dictadas por un tribunal de enjuiciamiento.
La postura institucional de la administración mexicana determinó canalizar la totalidad de los requerimientos internacionales hacia la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de iniciar las carpetas de investigación correspondientes bajo las reglas del sistema penal acusatorio. La cancillería mexicana formalizó una nota de preocupación dirigida a la Embajada de los Estados Unidos en virtud de la filtración pública de los nombres y cargos de los investigados por parte de la fiscalía neoyorquina, argumentando que tal situación vulnera el debido proceso y la confidencialidad de los tratados bilaterales. Las autoridades ministeriales nacionales enfatizaron que el manejo de los folios respondió estrictamente a los plazos procesales de la materia y descartaron de forma tajante la existencia de cualquier tipo de protección o blindaje político en favor de los implicados.
