Los exdirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, han expresado su rechazo contundente a la reciente reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del partido. Los antiguos líderes del PRI califican este proceso de «farsa» y denuncian que la Asamblea Nacional que facilitó la reelección estuvo plagada de irregularidades legales. Afirman que dicha asamblea es «ilegal» y fue convocada bajo normativas que no contaron con la aprobación debida del Consejo Político Nacional (CPN), como exigen los estatutos del PRI.
Según los exdirigentes, la reelección de Moreno representa un «secuestro» del partido por intereses personales. Critican que la decisión se tomó a «puerta cerrada, sin propuestas, sin debate y sin un proyecto de futuro», y señalan que «la militancia ha estado ausente» del proceso. Destacan que la asamblea fue restringida, permitiendo solo a cien personas acreditadas participar en cada mesa de discusión, limitando así significativamente la participación de la base partidista.
Asimismo, los exlíderes argumentan que esta reelección infringe los principios de igualdad sustantiva y paridad de género establecidos en la Constitución y los propios estatutos del PRI. Consideran que permitir que Moreno pueda reelegirse por dos periodos adicionales es «inconstitucional y antistatutario», ya que obstaculiza la alternancia de género en la presidencia del partido.
Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza también manifestaron su descontento con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que acusan de ser permisivo al permitir que solo tres magistrados de la Sala Superior avalaran la reelección de Moreno. Aseguran que el Tribunal tuvo la oportunidad de intervenir y optó por no hacerlo, lo que ha causado un «daño jurídico» al PRI que solo podría remediarse si el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF anulan la Asamblea Nacional y todos sus actos derivados.
Además, subrayaron que la Ley Electoral prohíbe modificar los documentos básicos de los partidos ni cambiar de presidente durante un proceso electoral, una norma que afirman fue ignorada en este caso. Lamentan que la reciente reforma estatutaria haya excluido a los Consejos Políticos Estatales de la elección del dirigente nacional, disminuyendo así la legitimidad del proceso.
Finalmente, hicieron hincapié en que el INE tiene la responsabilidad de garantizar que ningún partido se convierta en una «isla autoritaria» dentro del sistema democrático del país y prometieron continuar luchando para asegurar el respeto a los principios de legalidad y democracia dentro del PRI.
