La Sección Instructora del Gran Jurado de Sentencia declaró improcedente la demanda de juicio político presentada contra el exgobernador Alfredo del Mazo, 52 diputados de la anterior Legislatura y el exsecretario de Justicia, Rodrigo Espeleta.
La acusación se basaba en su supuesta responsabilidad por permitir la adhesión del poblado y el ejido de San Mateo Ixtacalco, originalmente parte de Cuautitlán Izcalli, a Cuautitlán México.
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Según el dictamen, los diputados concluyeron por unanimidad que la iniciativa para resolver el conflicto limítrofe y la promulgación del decreto correspondiente eran competencias del gobernador del Estado de México y, en ese momento, del exsecretario de Justicia, Rodrigo Espeleta.
Se señaló que, conforme a la ley, el gobernador tiene la facultad de promulgar leyes, decretos y acuerdos emitidos por la Legislatura, y sus acciones están en concordancia con estas atribuciones.
Respecto a los diputados, la Sección Instructora argumentó que la ley protege la inmunidad parlamentaria, estableciendo que los legisladores no pueden ser juzgados por sus declaraciones y votos, ya que están ejerciendo un derecho y una facultad constitucional.
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Adicionalmente, se determinó que las conductas denunciadas no causaron perjuicio al interés del Estado. El decreto en cuestión, según los diputados, no implica que la autoridad transgreda sus obligaciones, se siguieron todas las etapas del proceso legislativo, y no se considera perjudicial para la entidad.
Además, se destacó que no afecta la forma de gobierno ni la organización política y administrativa de los municipios, y no viola derechos humanos ni la libertad de sufragio.
El abogado Gerardo Fuentes presentó la demanda, argumentando que el Congreso carece de facultades para modificar límites territoriales.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en mayo de 2023, concedió amparo a Fuentes Ruiz, ordenando un trámite puntual para la denuncia de juicio político.
