CIUDAD DE MÉXICO.- Surge un fuerte cuestionamiento sobre la credibilidad de un Estado que presume tener el monopolio de la violencia, argumentando que la única forma de validarlo es a través de indicadores concretos y perceptibles para el ciudadano común. La confianza, se subraya, no se construye con discursos, sino con resultados tangibles en la vida diaria de la población.
El verdadero monopolio de la fuerza
La discusión se centra en un principio fundamental: un gobierno que se asume como la única entidad con derecho a ejercer la fuerza debe demostrarlo de manera contundente. No basta con afirmarlo, es necesario que esta capacidad se traduzca en un entorno donde la ley y el orden prevalezcan de forma visible, garantizando la paz y la integridad de las personas en su cotidianidad.
Indicadores que no mienten
Para medir esta eficacia, se proponen métricas claras que cualquier persona puede sentir. La primera es una disminución real de la extorsión, un delito que afecta directamente a familias y negocios. Otro indicador clave es la libertad de tránsito, que implica poder moverse por el territorio sin temor a ser detenido o agredido por grupos ajenos a la autoridad.
La prueba definitiva: autoridades y policías
La seguridad de los propios funcionarios es vista como un termómetro crítico del control estatal. La exigencia de “alcaldes vivos” resalta la necesidad de proteger a quienes gobiernan a nivel local, como una señal inequívoca de gobernabilidad. Del mismo modo, se demanda una fuerza policial que no cobre ni extorsione, es decir, policías honestos que sirvan y protejan a la comunidad en lugar de depredarla.
Al final, la pregunta sobre a quién creerle tiene una respuesta directa: se debe creer a quien pueda mostrar la metodología y los resultados. La legitimidad de un gobierno no reside en sus declaraciones, sino en su capacidad probada para ofrecer un entorno seguro, justo y libre de corrupción que cada ciudadano pueda experimentar de primera mano.
