El reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que otorga a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, la facultad de nombrar al secretario Ejecutivo y otros funcionarios sin consultar al Consejo General, ha generado opiniones divididas entre las consejerías.
La resolución del Tribunal surge tras las impugnaciones de los partidos Morena, PRI y PT, quienes cuestionaron el mecanismo extraordinario del INE para designar cargos en un plazo máximo de 30 días. Los magistrados de la Sala Superior argumentaron que el Consejo General estableció condiciones no previstas en la ley, excediendo sus facultades reglamentarias.
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El expresidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, quien votó en contra, sostiene que el Consejo General debe conformarse conforme a la ley, con titulares aprobados por las consejerías en las Unidades Técnicas, Direcciones Ejecutivas y Secretaría Ejecutiva.
Las opiniones
Ante esta situación, los consejeros del INE han expresado opiniones divergentes. Martín Faz confía en la creación de un espacio para el diálogo y aboga por la búsqueda de consenso para designar a los mejores perfiles, fortaleciendo la colegialidad del órgano electoral.
Por su parte, la consejera Dania Ravel, aunque acatará el fallo, espera alcanzar un consenso para designar encargados de despacho en áreas clave durante el proceso electoral. Carla Humphrey cuestiona la sentencia de la Sala Superior y hace votos por la dinámica de diálogo para encontrar los perfiles más idóneos.
Norma Irene de la Cruz destaca la importancia de acatar las decisiones jurisdiccionales y priorizar el trabajo institucional, independientemente de las opiniones divergentes. La consejera resalta la necesidad de mantener el diálogo en pos de asegurar el adecuado desarrollo de las actividades del Instituto en el marco del proceso electoral.
En conclusión, la resolución del TEPJF ha generado tensiones internas en el INE, pero los consejeros expresan la voluntad de buscar consenso y mantener el diálogo para garantizar el buen desarrollo del proceso electoral.
