El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal ha decidido posponer la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaría solicitar una condena de 82 años de cárcel para Jesús Murillo Karam, ex procurador. La defensa del acusado solicitó el diferimiento de la audiencia, que estaba programada para hoy, y se ha reprogramado para el 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Te puede interesar: Covaj condena medida de prisión domiciliaria a Murillo Karam por caso Ayotzinapa
Murillo Karam enfrenta cargos por presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. Esta es la tercera vez que la audiencia se pospone a petición de la defensa, con el objetivo de recabar más pruebas.
En agosto de 2022, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso a Murillo Karam, iniciando así el primero de dos procesos en su contra. Durante la audiencia, los fiscales acusaron al ex procurador de manipular evidencias y desviar líneas de investigación para ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de organizar reuniones con funcionarios estatales y federales de la pasada administración.
En abril de 2023, la FGR imputó nuevamente a Murillo Karam, esta vez por su presunta responsabilidad en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, bajo la presidencia del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
Te puede interesar: Murillo Karam deja la Torre Médica de Tepepan para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria
Recientemente, Delgadillo Padierna concedió una prórroga de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria en el proceso relacionado con El Cepillo, debido a pendientes de pruebas a favor del ex procurador.
El 13 de abril de este año, Murillo Karam comenzó a cumplir prisión domiciliaria después de que un juez de control modificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en cumplimiento de una sentencia de un Tribunal Colegiado que otorgó una suspensión provisional al ex funcionario.