Estimadas y estimados amigos, prepárense para una nueva entrega del BigBrother a la mexicana, una saga que no deja de sorprendernos con cada capítulo. Si creían que el gobierno ya estaba satisfecho con el nuevo andamiaje jurídico que le permite vigilar a las personas sin mayor contratiempo, la presidenta Sheinbaum nos demuestra que la creatividad para espiar al ciudadano común no tiene límites. Después de las joyitas legislativas que ya comentamos antes en este mismo espacio, y que introdujeron esa enorme manga que facilita al gobierno geolocalizarnos sin tanto papeleo judicial, ahora, con la nueva iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el oficialismo nos regala la cereza del pastel: la geolocalización exprés.
Recordemos, con cierta nostalgia, aquellos tiempos en que el CNPP, en un arrebato de ingenuidad garantista, exigía autorización judicial para la geolocalización en tiempo real. ¡Qué tiempos aquellos! Pero no se preocupen, la modernidad y la transformación ya están aquí para liberarnos de ese molesto trámite burocrático de tener que pedir autorización a un juez.
La ley, hasta ahora y por excepción, permitía al Ministerio Público una especie de «fast pass» para la geolocalización sin control judicial previo, siempre y cuando hubiere peligro inminente para las personas o el objeto del delito, o si se trataba de investigaciones por secuestro, privación ilegal de la libertad, extorsión o delincuencia organizada. Es decir, si alguien era acusado de alguno de estos delitos, la fiscalía podía ir directamente con la compañía telefónica y pedir su ubicación en tiempo real sin la venia de un juez.
Y, aunque estas excepciones parecen razonables, también se prestan para abusos, y por supuesto, esto ya fue probado en el laboratorio electoral de la Ciudad de México. ¿Recuerdan el caso del entonces candidato opositor, Santiago Taboada? La fiscalía capitalina, en un alarde de temeridad (y de cinismo), le dijo a la compañía telefónica la cosa más inverosímil: que sobre el candidato pesaba una acusación ¡de secuestro! Y voilá, tuvo a su disposición la geolocalización en tiempo real para seguirle los pasos durante toda la campaña. Quién necesita detectives privados cuando tienes una fiscalía tan imaginativa.
Pero, como en toda buena serie, siempre hay espacio para la expansión. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum no se conforma con estos excesos. Ahora, la geolocalización sin orden judicial se extenderá a casos donde haya «riesgo de evasión de la justicia». Imaginen las posibilidades: cualquier persona investigada por cualquier delito, desde el más simple hasta el más grave, podría ser señalado de tratar de «evadir la justicia». Es decir, esto es una patente de corso para geolocalizar prácticamente a cualquiera. La fiscalía solo tendrá que susurrar a las compañías telefónicas las palabras mágicas: «riesgo de evasión». Y listo, su privacidad se esfuma.
Y si eso no fuera suficiente, la propuesta también busca incluir todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, pasamos de cuatro delitos específicos a los 25 que contempla el inconvencional Artículo 19 de la Constitución. De un plumazo, el abanico de delitos que justifican el espionaje sin control judicial se amplía exponencialmente. Ahora, si usted es investigado por robo de hidrocarburos, uso de programas sociales con fines electorales, o por robo de auto transporte, entre muchos más, la fiscalía podrá saber dónde está en todo momento, sin que un juez se entrometa en sus labores.
Así que, mientras la presidenta insiste en que no hay de qué preocuparse, que todo esto es para “nuestra seguridad» y que el control judicial sigue siendo la norma, la realidad se impone. Con esta nueva iniciativa, sumada a las recientes reformas a las leyes de telecomunicaciones, de Guardia Nacional, de desaparición forzada, de seguridad pública y de inteligencia policial, el panorama se vuelve muy preocupante.
Estamos ante la consolidación de la vigilancia sin contrapesos, una era donde la privacidad se diluye a conveniencia del oficialismo.
Tal parece que ahora, para el gobierno, la libertad de movimiento de los ciudadanos es un lujo que solo podemos darnos bajo su égida. Y en esta nueva era de la geolocalización exprés, todos podemos ser el próximo objeto de interés sin necesidad de una orden judicial.
