El primer día de 2026 marcó un hito en la historia reciente de América Latina. Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar en Caracas que culminó con la captura y extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.
La magnitud de la acción -una incursión sin precedentes contra el líder de un Estado soberano- ha generado una controversia global que divide a juristas, diplomáticos y analistas. Por un lado, quienes defienden la medida argumentan que se trata de una respuesta justificada frente a un régimen que ha violado sistemáticamente derechos humanos, defraudado procesos electorales y permitido que sus más altos funcionarios se involucren en actividades criminales transnacionales. Por otro, quienes la critican sostienen que la intervención vulnera el derecho internacional, incluido el principio del respeto a la soberanía estatal. Este contraste exige un análisis desideologizado. A mi modo de ver, se trata de un típico dilema político que encara la selección entre dos males: el mal menor.
La operación violó el derecho internacional, de ello no hay duda. Ahí está el artículo 2 de la carta de la ONU que no deja margen de interpretación. Se trata de un mal, con el que se combatió otro mal: el de permanencia de la dictadura chavista.
El mal de la intervención militar en Venezuela, realizada sin autorización de la ONU y sin el consentimiento del Estado venezolano, constituye un precedente peligroso en el que una potencia puede intervenir en otro país de manera unilateral basándose en sus propios valores y su derecho interno.
Además, está el riesgo de que la intervención sea percibida como una prueba de que, en el “nuevo orden mundial”, solo los Estados con capacidades militares robustas o incluso nucleares, pueden resistir la presión de potencias hegemónicas. Esta lectura puede alimentar narrativas nacionalistas y armamentistas. Máxime en un momento en el que Trump ha anunciado un súbito incremento del 50% en el gasto militar para pasar de 1 billón a dólares en 2025 a 1.5 billones en 2026.
Pese a esto, el mal de la intervención puso en jaque al otro mal, que me parece mayor, que es la dictadura de Maduro. Llevar a Maduro ante tribunales tiene una lectura política importante: establece que nadie -ni siquiera un jefe de Estado- está completamente exento de la rendición de cuentas. Esta señal es especialmente relevante para regímenes de tufo autoritario que operan bajo la ilusión de impunidad. Acciones como esta demuestran que existe alguna forma de responsabilidad internacional, y envían un mensaje a quienes manipulan elecciones y violan derechos con desparpajo.
La operación actuó contra un régimen ampliamente desacreditado y acusado de crímenes graves, cuya permanencia en el poder se ha sustentado en elecciones fraudulentas y en un aparato del Estado cooptado para fines autoritarios. En ese sentido, la operación abre una esperanza para el pueblo venezolano que ha sido sometido a la hambruna y a la opresión por este régimen criminal y cleptocrático.
Desde esta óptica, la intervención puede entenderse como la aplicación de un mal menor: era menos malo violar el derecho internacional que actuar contra un régimen que oprime a su pueblo. Sin acciones como esta, el mensaje para los regímenes con tendencias autoritarias habría sido más peligrosa aún: que es posible consolidar un poder autoritario y violatorio de derechos mediante el fraude electoral sin enfrentar consecuencias reales. La incapacidad de mecanismos internacionales -como la ONU y su doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P)- para intervenir eficazmente en Venezuela en el pasado contribuyó a esa sensación de impotencia.
Aunque Estados Unidos haya actuado con motivaciones geopolíticas yeconómicas -como el interés en controlar el petróleo y contener la influencia de China y Rusia en la región-, es innegable que el régimen chavista tendría que ser desmantelado, y ni las elecciones ni la negociación lo habían logrado. Las mesas de negociación -con mediación internacional- duraron lustros, y los acuerdos fueron violados siempre por el régimen, igual que las elecciones, en especial las de 2024.
En última instancia, la intervención en Venezuela, con todas sus vicisitudes, esuna señal hacia el mundo autoritario: el fraude electoral y la violación sistemática de derechos tienen consecuencias. Si no se hubiera actuado, el mensaje habría sido exactamente el contrario: que se puede erosionar una democracia, ignorar las normas electorales y oprimir a un pueblo entero sin pagar un precio. Ese precedente -el de la impunidad perpetua del dictador- habría sido mucho más peligroso.
