En los últimos 100 años, Estados Unidos ha realizado 8 reformas a su Constitución, y aunque usted no lo crea, en México se le realizaron 16 reformas a nuestra Constitución en tan solo 100 días.
Una de esas fue la de diciembre pasado en que se agregó al artículo 4º una prohibición respecto del fentanilo y los vapeadores. Por increíble que parezca, el gobierno puso en el mismo párrafo, al mismo nivel, el problema dramático del fentanilo, con el de los vapeadores, es decir, los cigarrillos electrónicos.
La adición dice lo siguiente: Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Desde luego que el objetivo de proteger la salud pública, especialmente de niños y adolescentes, es loable, pero la prohibición tajante de toda actividad relacionada con vapeadores es un disparate. De hecho, podría generar efectos adversos.
La experiencia internacional y las decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muestran que las medidas de prohibición absoluta no necesariamente cumplen con los objetivos esperados. En países donde los vapeadores han sido prohibidos, como Corea del Norte, Irán y Venezuela, los mercados negros florecen, generando productos de menor calidad y mayor riesgo para la salud. Además, según la SCJN, este tipo de prohibiciones absolutas viola principios de igualdad y proporcionalidad al tratar a los vapeadores de manera más gravosa que a los cigarrillos tradicionales, a pesar de que algunos estudios sugieren que los primeros podrían ser menos dañinos, y no solo eso, sino que riñe con el criterio de la propia Corte cuando resolvió ordenar al Congreso que regulara del uso lúdico de la mariguana como una forma de respetar el libre desarrollo de la personalidad. Ahora resulta que la mariguana estará legalizada, y los vapeadores prohibidos.
En lugar de prohibir, muchos países democráticos han optado por regular estrictamente el uso y la comercialización de vapeadores. Este enfoque incluye medidas como etiquetado sanitario, restricciones publicitarias, aumento de impuestos y limitación de la venta a menores de edad. Estas acciones permiten un mayor control sobre el contenido de los productos y reducen los riesgos asociados con el consumo de sustancias peligrosas como mercurio o metales pesados, presentes en algunos vapeadores traídos ilegalmente desde China.
La regulación también disminuye el impacto de los mercados negros, que en México ya representan un problema significativo con un valor estimado de 5 mil millones de pesos anuales. Se sabe, por ejemplo, que las maquinitas expendedoras de vapeadores ubicadas en Jalisco y otros Estados, pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación. Prohibir los vapeadores podría ampliar este mercado, generando mayores costos en el combate a la criminalidad, sin garantizar una mejora en la salud pública.
El enfoque prohibicionista también tiene implicaciones preocupantes para los derechos humanos. Prohibir los vapeadores sin ofrecer alternativas para los consumidores que los utilizan como herramienta para dejar de fumar podría vulnerar su derecho a la salud y al libre desarrollo de la personalidad. Además, empujar a los usuarios hacia mercados clandestinos expone a estas personas a mayores riesgos de salud, al adquirir productos no regulados, de calidad dudosa.
La experiencia internacional y las decisiones judiciales nacionales respaldan un enfoque regulatorio, la política prohibicionista en cambio, criminaliza a los consumidores, y además, dado que se ha prohibido “toda actividad” relacionada con los vapeadores, los usuarios quedarán expuestos a la extorsión por parte de autoridades que los sorprendan “vapeando”.
Dicen las malas lenguas que esta iniciativa de reforma presentada el pasado 5 de febrero por el entonces presidente López Obrador, fue una reacción personal por haber sorprendido a su hijo menor de edad vapeando. Es una rabieta personal.
En lugar de adoptar medidas que podrían resultar contraproducentes, el gobierno debería centrarse en establecer regulaciones estrictas que protejan la salud pública sin vulnerar derechos fundamentales ni fomentar mercados negros.
