Ya la Cámara de Diputados aprobó, a matacaballo, la reforma del Poder Judicial, y la turnó al Senado de la República. Lo sucedido en San Lázaro no sorprendió a nadie, la espuria sobrerrepresentación con la que cuenta el oficialismo hacía totalmente predecible el resultado. La próxima semana empero, sí veremos un capítulo interesante de la vida parlamentaria; sabremos si en el Senado el gobierno logró doblar -o comprar- al senador que le hace falta para conseguir la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de este proyecto.
Recuérdese que, para hacer reformas a la Constitución -como es el caso-, la propia Constitución exige una votación de al menos dos terceras partes de los presentes, lo que significa que, si asisten los 128 miembros del Senado, se requerirían por lo menos 86 votos a favor para aprobarla. Pues sucede que el oficialismo -Morena, PT y PVEM- suman apenas 85 votos, están en la rayita. Eran 83, pero en un deleznable caso de transfuguismo, los dos senadores del PRD traicionaron a sus electores y se cambiaron al oficialismo. Le pregunta pues, insisto, es si el gobierno logrará “convencer” a un senador más, o si se quedará corto.
Llama mi atención ver que la mayor parte de la gente piensa que no tendrá problema en conseguirlo, que no faltará quién no aguante las presiones, o de plano, quién esté dispuesto a venderse; de hecho, muchos mencionan que debe haber hasta fila de algunos dispuestos a vender caro su amor. Yo no estaría tan seguro, pero sí veo que la aprobación del proyecto es el escenario más probable. Piénsese en que, al gobierno no le es indispensable conseguir un voto, basta con conseguir que alguien de la oposición no acuda a votar, con eso, bastarían sus 85 votos para lograr la mayoría calificada en un universo de solo 127 presentes.
De hecho, Adán Augusto López, coordinador de Morena, deslizó la tesis de que aún con la presencia de los 128 integrantes, bastan sus 85 votos para constituir mayoría calificada. Esto, porque las dos terceras partes de 128 son exactamente 85.33 votos, y que, en el redondeo, la cifra baja a 85. Curiosa interpretación. Ignora que ya la Suprema Corte ha sentado jurisprudencia en la acción de inconstitucionalidad 124/2020 en la que estableció que, para el cálculo de una mayoría calificada que resulte fraccionada, opera el criterio de la aproximación por exceso, es decir, que la cifra se redondea hacia la inmediata superior. Por cierto, la ponente en este asunto fue la ministra plagiaria Yasmín Esquivel, incondicional de López Obrador.
Como sea, creo que, así como hacen en el futbol, la ciudadanía debería estar haciéndole “marcaje personal” a los senadores de oposición, dejándoles ver que un voto a favor del dictamen, o una inasistencia a la sesión, tendrá altos costos para sus carreras políticas. Por ahí está el caso del priísta Miguel Ángel Riquelme, cuya presencia fue puesta en duda por su padecimiento médico, sin embargo, ya aclaró que estará en la sesión y votará en contra, y también el del senador de Movimiento Ciudadano, Barreda Pavón, único en la oposición que hasta ahora no ha fijado una postura contundente. Esperemos que no raje, pero previendo el peor escenario, habría que ir pensando en lo que sigue, ¿hay espacio todavía para frenar la reforma? Yo creo que sí, por varias razones, primero, porque cabe la posibilidad de impugnar el decreto, por vía de amparo o de controversia constitucional. Se dirá que estos mecanismos de control constitucional no pueden operar contra la Constitución misma, sin embargo, ahí está su artículo 1º que exige a los jueces priorizar la protección de los derechos humanos por sobre las formalidades legales, así que, considero que deberían admitir estas demandas. No sería la primera vez que un precepto o conjunto de preceptos constitucionales se declare inconvencional.
Otra razón, más probable incluso, tendría que ver con controvertir, también en vía de amparo, ya no el decreto en sí, sino las violaciones al procedimiento legislativo. El propio Arturo Zaldívar concluyó, en su tesis de licenciatura, que el amparo procede contra este tipo de violaciones, y en Cámara de Diputados vaya que las hubo, no solo no pudo verificarse el quórum, sino que hasta hubo asesores que votaban a mano alzada en la sesión de Pleno.
Una tercera razón consiste en el hecho de que se puede acudir a instancias internacionales, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a través de ella, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es lento y tortuoso cierto, pero es una opción.
En fin, creo que en realidad el final de esta historia aún no está cantado. Ya veremos, pero por lo pronto, marcaje personal.
