El asedio del presidente de la República contra la Suprema Corte comenzó hace cuatro años cuando el ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia sin mayor explicación; ni siquiera porque la Constitución exige que para la procedencia de la renuncia de un ministro exista una causa grave, ni por eso se explicó cual fue la causa que lo llevó a renunciar, pero trascendió que había sido amenazado. O renunciaba o le fabricarían un expediente criminal. Renunció, y en efecto nunca pasó nada, nunca hubo un expediente en la Fiscalía, nunca una acusación, nada. Lo que querían era removerlo, y lo lograron.
El asedio a la Corte siguió; el presidente incrustó perfiles afines e incondicionales en los espacios del Poder Judicial en los que pudo incidir, y más tarde logró colocar en la presidencia del más alto tribunal al ministro Arturo Zaldívar, a esas alturas un personaje que ya le era muy cercano.
La presidencia de Zaldívar se caracterizó por ser favorable al Ejecutivo; facilitaba el procesamiento de asuntos de su conveniencia, y postergaba en lo posible la resolución de los que pudieran resultarle adversos. Por eso intentó extender inconstitucionalmente el periodo de la presidencia de Zaldívar, y ante el fracaso de esta posibilidad, buscó colocar en esa silla a su incondicional, la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel; fracasó de nuevo, y ya bajo la presidencia de Norma Piña, la independencia judicial regresó.
Al cobijo de esa independencia, se resolvieron asuntos como el de la reforma electoral, que pretendía debilitar al INE, así como la que intentaba adscribir la Guardia Nacional a la SEDENA. Estos fallos, tomados por el Ejecutivo como agravios personales, lo llevaron a escalar su golpeteo de las mañaneras contra el Judicial, y hasta a organizar una manifestación en contra de Norma Piña en marzo pasado en la que se presentaron ataúdes y se quemó una figura con su retrato.
Como era de esperarse, ahora el tema es el presupuestario. A modo de venganza, el Ejecutivo ha instruido a sus huestes en el Congreso de la Unión, para que asfixien financieramente al Poder Judicial. Esta operación implica dos pasos:
Primero, un mega recorte al presupuesto del Poder Judicial, que ya se está fraguando en la Cámara de Diputados, por entre 15 y 25 mil millones de pesos.
Segundo, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para eliminar 13 fideicomisos que contienen unos 15 mil millones de pesos conformados por ahorros de años previos, y que tienen diversos propósitos, destacando entre ellos el de asegurar la disponibilidad presupuestaria para poner en marcha los 22 nuevos tribunales laborales que exige la reforma en materia de justicia laboral, así como el de garantizar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del personal de ese Poder de la Unión, firmadas por Zaldívar, por cierto; condiciones que a su vez se constituyen en garantía de la independencia judicial.
En cuanto a esto último, se ha mentido mucho:
- Es falso que se trate de recursos provenientes de subejercicios, los subejercicios implican el incumplimiento de metas y objetivos, son partidas que no se gastan provocando con ello un incumplimiento; los ahorros en cambio, implican un uso más eficiente de los recursos que permite alcanzar los objetivos con menos dinero.
- Es falso también, que sean recursos para las y los ministros, son para cumplir las condiciones generales de trabajo de todo el personal, condiciones, por cierto, similares a las que se pueden ver en otros entes públicos, como la CFE, sin que ello le genere molestia alguna al presidente.
- Y es falso también, que, por tratarse de fideicomisos, sean opacos o turbios; tanto así, que existen muchos otros fideicomisos, el IMSS-Bienestar, por ejemplo, o el que recién le aprobaron esta semana a la SEDENA, para administrar el Tren Maya.
Como sea, esta reforma ya fue aprobada en San Lázaro, y pronto el Senado hará lo propio, para luego ser impugnada por la oposición y por los propios trabajadores del Poder Judicial. En una escena muy inusual, veremos a la gente del Poder Judicial defendiendo judicialmente sus propios derechos. Pero ni hablar, también son ciudadanos.
En el fondo, lo que López Obrador quiere es tomar revancha contra la Corte y contra todo el Poder Judicial, porque no los ha logrado someter. Para usar sus propias palabras, por tener “la arrogancia de sentirse libres”.
Así que, como en su momento hicimos con el INE, el próximo domingo, en conciencia, ciudadanas y ciudadanos libres habremos de salir a marchar y manifestarnos en defensa del Poder Judicial, que es, al mismo tiempo, la defensa de los derechos y las libertades.
