La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que convalidó la victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, evidenció las graves inconsistencias en las que incurre ese tribunal en momentos clave como este.
Se desestimaron todos los juicios de inconformidad, tanto los tres que se interpusieron demandando la nulidad de la elección presidencial, como los 240 que se presentaron impugnando los resultados en diversos distritos del país. Para ello, el tribunal sostuvo que la elección había sido libre, auténtica y periódica, y que se había ceñido a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Sin embargo, por otra parte, también se reconoció, especialmente por parte de la magistrada Janine Otálora, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había utilizado su poder político en contra de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.
Otálora no solo dijo eso, sino que puntualizó con ejemplos lo que fue toda esa maquinación gubernamental que favoreció a Sheinbaum:
- Actos anticipados de campaña. En la sesión se recordó que las fuerzas políticas iniciaron con sus actividades proselitistas mucho antes de lo que la ley permite. Seguramente usted recordará el fraude a la ley que significó toda aquella promoción que desplegaron las llamadas “corcholatas”, es decir, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, y la propia Claudia Sheinbaum, además de Fernández Noroña y Manuel Velasco, cuando supuestamente competían internamente, pero aparecían en sendos espectaculares, bardas, volantes, calcomanías, etc., etc. Con esto, no solo se adelantaron a los tiempos legales, lo que de suyo debió haber descalificado a cada una de estas personas para contender, sino que se ocultó de manera ominosa el enorme financiamiento que esta operación significó. Hasta la fecha no sabemos quien y cómo se pagó todo ello.
Es verdad que también se señaló a la oposición por haber arrancado anticipadamente, pero debe recordarse que eso ocurrió solo cuando el propio tribunal desestimó las denuncias por las campañas anticipadas del oficialismo. - Intromisión del presidente de México. La juzgadora también destacó la intervención ilegal de López Obrador. Aquel que en 2006 le reclamó a Fox una declaración ambigua espetándole el famoso “cállate chachalaca”, ahora se entrometió favoreciendo a su candidata en más de 50 conferencias mañaneras. De hecho, el presidente se hizo acreedor a más de 36 sanciones de amonestación por estas indebidas acciones.
- Violencia política extrema. También se dio cuenta de la gran cantidad de candidatas y candidatos que se vieron obligados a renunciar a sus postulaciones por amenazas del crimen organizado. En algunos lugares, como Zacatecas o Chiapas, las renuncias se dieron por cientos. Y qué decir que todas y todos aquellos que fueron asesinados; no solo candidatos, también funcionaros, dirigentes partidistas y operadores políticos. No cabe duda, la delincuencia organizada definió en muchos lugares del país, quién gobernaría.
- Tribunales electorales incompletos. No solo al propio tribunal federal le faltaron algunos de sus integrantes por la grave omisión del Senado de la República de no realizar los nombramientos respectivos, sino que la mayoría de los tribunales electorales locales también sufrieron esta suerte de desmantelamiento. El Senado, en connivencia con el titular del Ejecutivo, propició deliberadamente este debilitamiento institucional.
- Programas sociales. Este último punto no fue abordado en la sesión, lo agrego yo porque me parece fundamental. No podemos dejar en el olvido cual fue la razón principal por la que Sheinbaum obtuvo tan alta votación: la descarada compra de votos a través de los programas sociales.
Este conjunto de elementos convirtió la elección de 2024 en la más inequitativa de los últimos 30 años (o quizá más), por lo que, en realidad, con toda razón se puede decir que el proceso electoral no fue ni libre ni auténtico, ni legal ni imparcial. Fue un proceso espurio que bien pudo haber sido declarado nulo habida cuenta el caudal de violaciones a los principios democráticos que dispone la Constitución.
