Donald Trump tomará protesta como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, y el inicio de ese que será su segundo mandato presenta retos particularmente desafiantes para México, marcados por tensiones comerciales, migratorias y de seguridad que podrían redefinir nuestras relaciones bilaterales.
En ese sentido, cobra relevancia tener muy bien monitoreados esos tres aspectos:
- El TMEC. El tratado comercial que, desde 1994 ha generado enormes beneficios a la región, pero sobre todo a México, ahora estará -más que nunca- bajo presión. Las amenazas comerciales vinculadas con el TMEC estarán a la orden del día. Esto, porque Trump ha reafirmado su postura proteccionista amenazando con la imposición de aranceles de hasta el 25% a productos provenientes de México y Canadá, una medida que vincula a la exigencia de que sus vecinos reduzcamos el ingreso de fentanilo y de migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos.
La revisión del TMEC, programada para 2026, será todo un campo de batalla de proporciones difíciles de anticipar. La posibilidad de una alianza entre un eventual gobierno conservador en Canadá y la administración Trump, podría marginar a México, socavando la integración comercial trilateral. México debe redoblar esfuerzos diplomáticos y fortalecer su posición negociadora, integrando a diversos actores nacionales en una estrategia conjunta que priorice nuestra estabilidad económica y el cumplimiento de los principios del TMEC (que van a contrapelo del establecimiento de aranceles), pero ello requerirá altura de miras por parte del gobierno de Sheinbaum y dejarse ayudar por otros actores del país, incluyendo a la oposición, un escenario que hasta ahora se antoja difícil. - La migración. Este tema estará oscilando entre la discusión respecto del muro absurdo en la frontera, y las deportaciones masivas. La agenda migratoria de Trump plantea una ampliación de ese muro fronterizo, pero también la realización de deportaciones masivas, restricciones al asilo y el fin de la ciudadanía por nacimiento, medidas que podrían saturar los servicios consulares mexicanos, y sobre todo desencadenar una crisis humanitaria en la frontera. La reimplementación del programa “Permanecer en México” y el posible fin del programa DACA agravarán las condiciones de millones de migrantes, incluyendo eventualmente a los llamados Dreamers, que en realidad son jóvenes que fueron llevados por sus padres a los Estados Unidos siendo niños y que en muchos casos ni siquiera hablan español. Deportar a estas personas sería un acto de crueldad infinita, se convertirían en parias, y para todo efecto práctico, en apátridas.
El gobierno mexicano enfrentará el reto de ofrecer asesoría legal y programas de reintegración (laboral, educativa, social, etc.) para deportados, para gestionar adecuadamente un flujo migratorio de retorno creciente a nuestro territorio. En este contexto será crucial rechazar cualquier tipo de política unilateral que nos obligue a recibir migrantes deportados de cualquier otra nacionalidad (centroamericanos, principalmente), al menos si ello no va acompañado del apoyo financiero correspondiente por parte de Estados Unidos, tal como ocurrió con el acuerdo migratorio entre Alemania y Turquía hace unos años. - La seguridad. Lo impensable ahora será parte del discurso cotidiano. Las amenazas de intervención unilateral, incluyendo la posibilidad de operaciones directas de los Estados Unidos en territorio mexicano serán la constante. De hecho, parece haber sucedido ya con la aprehensión del Mayo Zambada.
La lucha contra el fentanilo y el narcotráfico se ha convertido en el pretexto para alentar propuestas radicales de grupos ultraconservadores que quieren designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, bloquear puertos, y peor aún, bombardear laboratorios en territorio mexicano. Estas descocadas ideas son promovidas por miembros del gabinete de Trump, y no solo representan una amenaza a la soberanía nacional, sino que exacerban las tensiones diplomáticas ignorando la parte de responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos.
Ante estas amenazas, México debe proponer un tratado trilateral de seguridad que institucionalice la cooperación con Estados Unidos y Canadá, y fortalezca las capacidades regionales, evitando la unilateralidad estadounidense. En esto y en todo lo demás, será clave el diálogo estratégico con el Congreso estadounidense para buscar contrapesos y aliados que frenen las medidas más extremas.
En suma, Trump representará un reto enorme para la relación bilateral y para la capacidad de México de proteger sus intereses nacionales en un entorno adverso.
