En el México de hoy, donde la legitimidad se trata de construir desde la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, dos reformas han encendido el debate sobre el equilibrio entre poder y justicia. La propuesta de eliminar el fuero legislativo y la modificación a la Ley de Amparo. Ambas iniciativas, aunque distintas en su naturaleza, comparten una promesa: acercar el derecho a la gente.
El fuero en México tiene raíces coloniales. En la Nueva España, se otorgaba a militares, clérigos y funcionarios reales para que fueran juzgados por tribunales especiales, no por jueces comunes. Esta práctica, heredada del derecho castellano, reflejaba una estructura jerárquica donde el estatus determinaba el tipo de justicia aplicable.
Más adelante, la Constitución de Cádiz de 1812 inspiró a los primeros constituyentes mexicanos a incluir el fuero parlamentario como garantía de libertad de expresión y protección frente a represalias políticas. Incluso durante el Segundo Imperio, Benito Juárez respetó el fuero de ciertos personajes como gesto de honor institucional, consolidando su valor simbólico.
Sin embargo, con el tiempo, el fuero se desvirtuó. En la práctica mexicana moderna, ha sido utilizado como escudo para evadir responsabilidades legales, incluso en casos de corrupción o abuso de poder.
En el discurso oficial, se trata de un paso hacia la equidad, que ningún servidor público esté por encima de la ley. Pero en el fondo, también plantea preguntas sobre el blindaje institucional frente a presiones políticas y judiciales.
¿Eliminar el fuero fortalece la rendición de cuentas o abre la puerta a la judicialización de la política? ¿Es una medida de justicia o una estrategia de control? La respuesta dependerá de cómo se garantice la independencia judicial y el respeto a la pluralidad democrática.
La narrativa oficial, buscan construir un país más justo. Pero la justicia no se mide solo en eficiencia ni en plataformas digitales. Se mide en la capacidad de proteger al más débil frente al más poderoso. Se mide en el acceso real, no solo formal, a los derechos.
Lo que nos iguala a todas y todos los mexicanos es la ley. De su correcta aplicación depende, en buena medida, la justicia y la paz. Si el fuero y se transforma, que sea para acercar la ley a la gente, no para blindar al poder.
