La imagen que Samuel ha proyectado de sí mismo a la sociedad durante los días que duró su precampaña es la de un individuo infantilizado, caprichoso, antojadizo; un adolescente veleidoso y voluble, inconsistente y frívolo. Ingredientes nocivos para un político que apenas inicia su carrera política.
Ante un temperamento revestido de tales atributos, no es difícil imaginar un ejercicio déspota del poder, amparado en la impunidad que otorga el cargo de Gobernador de Nuevo León. La crisis abierta en el gobierno del Estado entre el 1 y el 2 de diciembre es un perfecto manual de cómo no se debe gestionar una crisis de autoridad.
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A pesar de la aparente confusión, los hechos son sucintos: Samuel García Sepúlveda solicitó licencia al Congreso del Estado de Nuevo León para abandonar su puesto durante seis meses para dedicarse a la campaña a la Presidencia en favor de Movimiento Ciudadano. Entre las atribuciones del Congreso del Estado, con mayoría PAN-PRI, se encuentra la de elegir al Gobernador interino en sustitución del titular.
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Samuel García desconoció tal facultad y nombró en contra del criterio del Congreso al Secretario General de su gobierno como encargado de despacho. El Congreso lo desconoció y nombró Gobernador interino a Luis Enrique Orozco. Minutos antes de las 12 a.m. del día 2 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció dando la razón al Congreso del Estado de Nuevo León.
Después de la medianoche del primero de diciembre, Luis Enrique Orozco asumió el cargo como Gobernador interino a las puertas del edificio de Gobierno puesto que era imposible acceder a su interior.
Poco antes de que terminara el acto, apareció el Secretario General de Gobierno de Nuevo León para adherir por todas partes un acuerdo por el que Samuel García reasumía la gubernatura del Estado publicado previamente en el diario oficial. Los periodistas esperaron a que compareciera Samuel García, lo que nunca sucedió.
Todo este proceso se convirtió en un barullo por voluntad de Samuel García. Las sucesivas Constituciones de 1824, 1857 y 1917 reconocen la existencia de tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ninguno descansa en una sola persona que pueda hacer a su antojo lo que considere.
En Nuevo León ha ocurrido precisamente esto. El Ejecutivo encabezado por Samuel García no ha podido imponerse al Legislativo porque en las anteriores elecciones el pueblo “bueno y sabio” otorgó el Ejecutivo a Movimiento Ciudadano y el Legislativo a PAN y PRI. Repartición de poderes que dota de equilibrio al poder de Nuevo León.
Samuel se queda como el perro de las dos tortas. Ya no será candidato a la elección Presidencial por MC, pero quizás tampoco retome el gobierno de Nuevo León si el Congreso se niega a revocar la licencia de seis meses que le concedió.
Samuel ha sido víctima de su soberbia y prepotencia, de su falta de experiencia y conocimiento del medio. Pero sobre todo de su incapacidad para establecer puntos de acuerdo con la oposición que se cobra así dos años de ninguneos y persecuciones. Olvidó lo importante, la política.
Otro asunto son las sospechas que levanta su decisión precipitada de regresar a la gubernatura abandonando su carrera a la Presidencia de la República.
