Hace unas semanas el CONEVAL dio a conocer los resultados de su más reciente medición de la pobreza en México. Tres datos descollaron por su relevancia:
1) Que entre 2018 y 2022 más de 5 millones de personas salieron de la pobreza, pasando del 41.9% de la población, al 36.3%, es decir, de 51.9 millones de personas, a 46.8 millones;
2) Que en el mismo periodo, alrededor de 407 mil personas entraron en pobreza extrema, pasando del 7% de la población, que significaban 8.7 millones de personas, al 7.1% que representan 9.1 millones; y
3) Que 30.3 millones de mexicanos se sumaron a la carencia de servicios de salud para alcanzar la cifra de 50.3 millones, además de que otras carencias, como la alimentación, la educación y la vivienda, también se incrementaron.
No obstante lo terrible de las últimas dos noticias, la primera fue la que resonó más, quizá por el impulso mediático que el propio gobierno le imprimió.
Y claro, esa primera noticia no puede sino ser celebrada por todas y todos. Que 5 millones de personas salgan de las garras de la pobreza es fenomenal.
Algunos especialistas empezaron a ensayar algunas explicaciones para esto. Unos dijeron que obedecía a los programas sociales, otros que al incremento en el salario mínimo, y otros más lo atribuyeron a la combinación de ambos factores.
Sin embargo, algunos expertos en población y pobreza, alzaron la ceja. Esto, porque los datos no hacen muy verosímil el reporte, o al menos no del todo.
En primer lugar, porque es bien sabido que los programas sociales por sí mismos no sacan a nadie de la pobreza, en todo caso son útiles para abatir el hambre, o para sortear una barrera; una beca, por ejemplo, no saca a un joven de la pobreza, son sus estudios y el bueno uso que haga de ellos lo que logrará su movilidad social, pero no el programa de becas en sí mismo. En realidad, es el ingreso laboral y el acceso a servicios, lo que saca a la gente de la pobreza.
En segundo lugar -en cuanto al ingreso laboral-, porque el aumento del salario mínimo no beneficia a una inmensa porción de la población que vive en la informalidad, y por otra parte, tampoco a quien percibe un salario mínimo si la inflación se lo come, como ocurre hoy día en que el poder adquisitivo está estancado. Si el poder adquisitivo se estancó, ¿Cómo salieron de la pobreza?
Y en tercer lugar, porque el aumento de las carencias -sobre todo uno tan marcado como el caso del acceso a la salud-, impulsa el crecimiento de la pobreza, no su reducción.
La explicación está en que, el CONEVAL hace su medición tomando en cuenta datos del INEGI, mismo que, en 2016, cambió la metodología para recabar la información. Por lo que, la variación en las cifras de pobreza es pura estadística, en realidad la gente no mejoró sus condiciones de vida.
Investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, hicieron el ejercicio para hacer comparables los datos de 2022 con los previos a 2016, y encontraron que, con esa metodología, hoy tendríamos 53.9 millones de personas en pobreza, es decir, 2 millones más que en 2018, y 11.2 millones en pobreza extrema, esto es, no 407 mil, sino 2.5 millones de personas más.
Claro, no se puede decir que el CONEVAL esté mintiendo, porque simplemente está utilizando los datos del INEGI para hacer su medición, pero al no explicar toda la verdad, propicia una falsa percepción en la opinión pública.
Todo esto se enmarca en el contexto de la situación jurídica en la que se encuentra el CONEVAL. Recordemos que, en 2014, se le otorgó autonomía constitucional, justo para evitar su politización, pero, en los artículos transitorios de esa reforma se dijo que en tanto se expedía la Ley del CONEVAL, seguiría funcionando en los términos de su estatuto anterior, es decir, como paraestatal dependiente del presidente de la República. Pues bien, a 9 años de esa reforma, la ley sigue sin ser expedida. Morena y sus aliados han impedido la aprobación de esa ley porque en tanto no se emita, el Ejecutivo seguirá mandando sobre el CONEVAL; la autonomía constitucional no entrará en verdadero funcionamiento. Por esta razón es que, en julio de 2019, López Obrador pudo nombrar a uno de sus incondicionales como Secretario Ejecutivo de esa institución. Desde ese entonces, en este mismo espacio advertimos que el CONEVAL estaba bajo el asedio presidencial, y que colocaba a un incondicional para asegurarse de poder manipular las cifras en su momento. Pues bien, todo parece indicar que el momento llegó.