El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), bajo la administración de la Secretaría de Marina (Semar), ha contratado un seguro de vida anual por un monto de 6.2 millones de pesos para sus trabajadores civiles, en aparente incumplimiento de la Ley de Austeridad Republicana promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la información obtenida de la licitación, a la cual EL UNIVERSAL ha tenido acceso, la póliza de seguro proporcionará cobertura en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad total y permanente para todo el personal en funciones administrativas y operativas. La empresa seleccionada para proveer el servicio es Mapfre México, y el contrato, otorgado el pasado 13 de diciembre, tiene un valor total de 6 millones 205 mil 352 mil 86 pesos.
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Vigencia de la póliza
La vigencia de la póliza abarca desde el 1 de enero de 2024 hasta las 24 horas del 31 de diciembre del mismo año. Según los términos del contrato, la suma asegurada para cada funcionario asegurado equivale a 50 meses de sueldo. Además, aquellos empleados que desempeñen funciones de bomberos en la fecha del siniestro estarán cubiertos con una suma adicional de 50 mil pesos en caso de muerte natural o accidental.
Se destaca que la empresa contratada se compromete a cubrir las sumas aseguradas al 100%, sin necesidad de cuestionario y/o examen médico, y sin restricciones de edad o género para ninguna de las coberturas contratadas.
Legalidad de la contratación
Sin embargo, la legalidad de esta contratación se cuestiona a la luz de la Ley de Austeridad Republicana, la cual prohíbe expresamente la contratación de seguros de vida para funcionarios del gobierno federal con recursos públicos. El artículo 22 de esta ley, publicada en noviembre de 2019, establece que está prohibido contratar cualquier tipo de seguros de vida que vayan en contra de lo dispuesto en decretos, disposiciones generales, condiciones laborales o contratos colectivos de trabajo.
Cabe destacar que el contrato especifica ciertas exclusiones, como eventos provocados intencionalmente por el asegurado, actos delictuosos intencionales cometidos por el asegurado, accidentes durante pruebas o contiendas de velocidad, entre otros. No obstante, la legalidad de la contratación en sí misma es motivo de debate en el contexto de las políticas de austeridad vigentes.
