Un juez de Control determinó iniciar el procedimiento penal contra Fernando Flores Fernández, fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria tras los hechos registrados en un club deportivo.
El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue vinculado a proceso legal tras determinarse la existencia de elementos iniciales suficientes en su contra por el delito de abuso de autoridad. El Órgano Jurisdiccional resolvió que el mandatario local podrá continuar el desarrollo del procedimiento en libertad y manteniéndose al frente de la administración municipal, bajo el cumplimiento de medidas cautelares que incluyen la firma periódica ante el juzgado, la prohibición de acercarse al Club Deportivo La Asunción y la restricción de contacto con las personas afectadas. El periodo de investigación complementaria quedó fijado con fecha de conclusión para el próximo 3 de septiembre, etapa en la cual las partes procesales aportarán los medios de prueba correspondientes.
Los hechos que originaron la indagatoria penal ocurrieron el pasado 4 de junio, fecha en la que se difundieron materiales audiovisuales en plataformas digitales que mostraban el ingreso del edil al citado inmueble privado en compañía de civiles armados, registrándose forcejeos y agresiones físicas en los accesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México atrajo el caso tras la viralización del incidente, el cual motivó pronunciamientos de revisión por parte del Ejecutivo Federal. Originalmente, el Ministerio Público formuló imputaciones simultáneas por el delito de lesiones; sin embargo, dicha acusación quedó sin efecto jurídico luego de que el imputado celebrara un acuerdo reparatorio de daños con las víctimas directas de la agresión.
El alcalde, quien ejerce funciones desde el año 2021 bajo el respaldo de la coalición PAN-PRI-PRD y obtuvo la reelección en el pasado proceso electoral de 2024, emitió una postura institucional en la que manifestó su respeto a las determinaciones del Poder Judicial. Flores Fernández sostuvo que la operatividad de los servicios públicos, los programas sociales y la agenda de obra civil de la demarcación continuarán sin interrupciones, mientras sus asesores legales preparan la estrategia de defensa correspondiente. La situación jurídica final y la determinación de culpabilidad o inocencia del funcionario se resolverán una vez agotadas las etapas de juicio oral contempladas en el sistema acusatorio.
