Claudia Valle Aguilasocho planteó que el desafío de la democracia mexicana consiste en traducir el acceso a los espacios de representación en políticas públicas y presupuestos eficaces.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho, propuso establecer un modelo de concertación interinstitucional para consolidar la paridad de género como un mecanismo de igualdad sustantiva. Durante su intervención en el Primer Seminario sobre la Participación Política de las Mujeres, celebrado en el estado de Zacatecas, la jurista federal planteó una hipótesis de corresponsabilidad que involucra a partidos políticos, instituciones electorales, la academia y la sociedad civil. Sostuvo que las reformas normativas vigentes han garantizado la ocupación formal de curules y regidurías, pero puntualizó que el siguiente peldaño democrático radica en transformar esa presencia en agendas legislativas que reduzcan las brechas de vulnerabilidad.
La funcionaria judicial identificó a la violencia política contra las mujeres en razón de género como una de las principales barreras estructurales para el correcto desarrollo de una democracia paritaria. Al respecto, alertó sobre la existencia de asimetrías y distorsiones operativas en la aplicación de los mecanismos de protección vigentes; detalló que el sistema enfrenta tanto problemas de revictimización y estigmatización de las denunciantes legítimas, como la instrumentalización de las quejas como herramientas de presión e interlocución política. Ante este diagnóstico, Valle Aguilasocho instó a las autoridades competentes a reorientar la aplicación de las medidas cautelares y sancionatorias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales en entornos libres de agresiones.
El foro académico y deliberativo fue coordinado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), a través de su Comisión de Paridad entre los Géneros, bajo la conducción de la consejera María de la Luz Domínguez Campos. El encuentro contó con el respaldo técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), la LXV Legislatura local, los tribunales especializados y la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Las mesas de trabajo concluyeron con el compromiso de las fuerzas políticas representadas de fortalecer los canales de prevención del delito electoral y de diseñar indicadores de gestión que evalúen el impacto de las iniciativas con perspectiva de género.
