Suman 83 solicitudes de candidatos para protección por riesgo de violencia

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Autoridades mexicanas han reportado un creciente número de solicitudes de protección por parte de candidatos a cargos de elección popular, en medio del clima de inseguridad que enfrenta el país. Según informó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), un total de 83 aspirantes han presentado solicitudes de medidas de seguridad.

De estos 83 solicitantes, 74 ya han sido provistos de protección por las autoridades, incluyendo a 4 candidatos a gobernador. Las 9 solicitudes restantes se encuentran en proceso de validación, aunque se espera que todas sean aprobadas. Taddei explicó que el proceso de aprobación de estas solicitudes tarda aproximadamente 48 horas y que las medidas de seguridad varían según las necesidades específicas de cada aspirante.

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Es importante destacar que los candidatos deben solicitar esta protección al INE, quien a su vez canaliza las peticiones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional. Dependiendo del nivel de riesgo evaluado, los candidatos pueden recibir una escolta que va desde 10 personas con cuatro vehículos en casos de alto riesgo, hasta dos agentes y un vehículo en situaciones de bajo riesgo.

Además, Taddei anunció que se llevará a cabo una reunión la próxima semana con los organismos electorales locales para identificar las áreas que requieren mayor atención en términos de seguridad.

La preocupación por la seguridad de los candidatos se ha intensificado debido a los alarmantes datos de violencia política. Según datos de la organización Data Cívica, en el primer bimestre de 2024 se registraron al menos 10 asesinatos de candidatos o aspirantes, y en febrero se contabilizaron 36 homicidios relacionados con la violencia política. Aunque no hay un registro oficial, la consultora Data Int ha documentado el asesinato de 20 personas que buscaban un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, con un total de 76 personas «potencialmente vinculadas al proceso» víctimas de la violencia.

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