La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que siete integrantes del Cártel de Guerreros Unidos enfrentarán juicio por delincuencia organizada, vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entre los acusados se encuentran Miguel Ángel Landa Bahena, alias «El Duvalín»; Salvador Reza Jacobo, «El Lucas»; Patricio Reyes Landa, «El Pato»; Jonathan Osorio Cortés, «El Jona»; Felipe Rodríguez Salgado, «El Cepillo»; Darío Morales Sánchez, «El Comisario», y Agustín García Reyes, «El Chereje».
La decisión se tomó luego de que la SCJN desechara un incidente de inejecución de sentencia relacionado con varios juicios de amparo, en los que los acusados solicitaban la protección de la justicia federal. No obstante, la Corte ordenó reponer el proceso penal por el delito de delincuencia organizada contra estos individuos, quienes en las investigaciones iniciales fueron señalados por haber participado en el traslado de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, por orden de Gildardo López Astudillo, alias «El Cabo Gil».
Los amparos en revisión relacionados con este caso corresponden a los números 203/2017, 204/2017 y 205/2017, derivados de la causa penal 66/2015.
Desde octubre de 2018, algunos de los acusados, como «El Chereje», «El Jona», «El Pato», «El Lucas» y «El Cepillo», fueron liberados por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales al considerar que no había pruebas suficientes o debido a presuntas torturas a las que habrían sido sometidos. También se argumentó que el Ministerio Público Federal no pudo acreditar la existencia del Cártel Guerreros Unidos.
El acuerdo de la SCJN, emitido por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, instruye al juez del caso a emitir una nueva sentencia, revocando la resolución anterior y ordenando la reposición del proceso desde el punto en que se cumplió la orden de captura. Además, el fallo establece que las víctimas indirectas del caso serán informadas y tendrán la oportunidad de ejercer sus derechos, asignándoles un asesor jurídico si no cuentan con uno.
De este modo, la Corte resolvió los recursos presentados por los acusados, quienes alegaban que el Ministerio Público Federal, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras autoridades habían incumplido con la sentencia. Sin embargo, la SCJN concluyó que no existen elementos para abrir en este momento un incidente de inejecución de sentencia.
