La Secretaría de Gobernación (Segob) de México ha revelado una carta dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que advierte sobre las consecuencias de la liberación de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa. La carta, enviada el 12 de diciembre, señala el riesgo de modificar las medidas cautelares y destaca la trascendencia del asunto para el Estado mexicano.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública la misiva en redes sociales después de que una jueza federal del Estado de México ordenara la excarcelación de los militares, argumentando «falta de pruebas». Los militares seguirán su proceso en libertad condicional tras el pago de 50 mil pesos.
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El comunicado
En el comunicado, Alcalde subraya el alto riesgo de sustracción de la justicia, advirtiendo sobre la posibilidad de que los militares se vuelvan ilocalizables o huyan del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el actuar del Poder Judicial, señalando que en la carta enviada se alertó a la titular de la SCJN sobre las implicaciones de liberar a los militares.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi
El episodio representa un nuevo conflicto entre el presidente y la Suprema Corte, ya que en marzo pasado López Obrador expresó su preocupación por resoluciones a favor de presuntos delincuentes desde la llegada de la nueva presidenta.
A pesar de las quejas del Gobierno, las acusaciones de las familias de las víctimas y organizaciones civiles sobre un presunto encubrimiento por parte del Ejército y el presidente han aumentado. Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, ha afirmado que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación.
La Comisión de la Verdad, presidida por Encinas hasta su renuncia en agosto pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares. La investigación desacreditó la versión del Gobierno anterior sobre la «verdad histórica» del caso Ayotzinapa.
